El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del Decreto 1485 de 2025, disposición gubernamental orientada a transformar el mecanismo de cómputo del deslizamiento del salario mínimo aplicable a las pensiones administradas por fondos privados.
Esta reglamentación, emitida por el Gobierno Nacional durante el año anterior, buscaba alterar la metodología para solventar los incrementos cuando la remuneración mínima supera los índices de inflación. Dicho fenómeno técnico se denomina deslizamiento.
Cuestionamientos de gremios y aseguradoras
La adopción de esta norma generó reparos por parte de entidades como Asofondos, Fasecolda y distintas compañías aseguradoras. Estos sectores señalaron que la disposición recortaba de forma drástica los aportes del Estado, trasladando un impacto financiero directo hacia los trabajadores y las aseguradoras.
De acuerdo con las alertas de dichas organizaciones, el ajuste complejizaba y encarecía la acumulación del capital requerido para acceder a una pensión mínima, generando mayores obstáculos para la jubilación de miles de ciudadanos.
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Si bien la corporación judicial determinó que la discusión de fondo respecto a la presunta vulneración de los derechos de la población pensionada se resolverá en el fallo definitivo, la medida cautelar se fundamentó en un fallo procesal atribuido al Ministerio de Hacienda y al Ministerio del Trabajo.
La providencia constató la omisión de un requisito legal de carácter obligatorio: adelantar la consulta previa ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) mediante el trámite de abogacía de la competencia.
- El Ministerio de Hacienda sostuvo que la solicitud del concepto no resultaba imperativa, argumentando que la normativa pertenecía al ámbito de la seguridad social y no al comercial.
- El Consejo de Estado desestimó esa postura y precisó que, al modificar costos, riesgos y condiciones competitivas de las compañías aseguradoras, la ley demanda un análisis previo sobre los efectos de mercado y el impacto económico.
A raíz de esta falta formal, el tribunal determinó que la norma presentaba un vicio legal desde su origen.
Efectos inmediatos y regreso al marco previo
En tanto avanza el proceso judicial y se adopta un veredicto definitivo, el Decreto 1485 de 2025 pierde aplicabilidad temporal. Como consecuencia, retoma vigencia el Decreto 036 de 2015.
Con esta decisión, el esquema operativo para determinar las rentas vitalicias y la respectiva cobertura del Estado retorna de manera provisional a las condiciones normativas vigentes con anterioridad al cierre del año pasado.
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