Tres jornadas después de haber tomado juramento formal, Jaime Vives Pinedo debió abandonar la presidencia de Coljuegos. La determinación surgió a raíz de una pesquisa periodística que expuso inconsistencias en el trámite de su diploma como especialista en Alta Gerencia en la Universidad del Magdalena, certificación indispensable para asumir dicha jefatura estatal.
El proceso de convalidación académica exprés
Los datos reportados indican que el exfuncionario formalizó su ingreso al posgrado el 9 de julio de 2026. Poco después, el 19 de agosto, el Consejo de Facultad autorizó la convalidación de ocho de las nueve materias que componen la malla curricular, porcentaje correspondiente al 88 % del total del plan de estudios.
Dicho reconocimiento se sustentó en constancias de desempeño profesional expedidas por cuatro compañías en las que Vives laboró a lo largo de 26 años. Para completar el programa, cumplió con las siguientes condiciones:
- Asistir a una única clase académica.
- Abonar un valor aproximado a los $15 millones.
- Entregar una prueba financiera acompañada de un ensayo escrito.
El título profesional fue otorgado oficialmente el 11 de septiembre, culminando un trayecto escolar donde solo necesitó 11 días de clases presenciales en una asignatura. Frente a estos hechos, la Universidad del Magdalena sostuvo que las homologaciones aplicadas se apegaron rigurosamente a las normas internas vigentes de la institución.
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Vives cuenta con lazos de afinidad familiar con Joaquín Gutiérrez, cabeza de Ecopetrol y figura muy allegada a Abelardo De la Espriella. Concretamente, el hermano de Vives contrajo matrimonio con la hermana de Gutiérrez, lo que vincula al exdirectivo con el círculo personal cercano de uno de los colaboradores clave de la Presidencia.
Aunque su designación había sido divulgada públicamente desde el mes de agosto, el acto de posesión fue liderado el 20 de octubre por Miguel Gómez, ministro de Hacienda. Al revelarse la información sobre sus estudios, De la Espriella dispuso su desvinculación inmediata. Esta dimisión representa la segunda remoción dentro de las filas gubernamentales en un intervalo de apenas tres días, situación que abre dudas frente a los protocolos para escoger funcionarios en la presente administración.
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