La clausura de por lo menos cuatro compañías de gran tamaño en la zona norte del Cauca, entre las que figura el Ingenio La Cabaña, ha desatado una emergencia laboral que afecta de manera directa a más de cuatro mil hogares. Este escenario ha impulsado la informalidad laboral en cerca de cinco puntos porcentuales, elevando el riesgo de expansión de las economías ilícitas en el territorio.

De acuerdo con registros del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, el cese de actividades de cada firma representativa suprime cerca de 500 puestos laborales. Julián Torres Sarria, director de la agremiación, señaló que la tasa departamental pasó de estar sobre el 75 % a situarse en el 80 %, ubicándose significativamente por encima del 54 % que registra el promedio nacional.

Impacto en el sector cañero y colonos de Villarrica

La terminación de estas actividades fabriles dejó sin compradores a extensos predios agrícolas que solían ser rentables. Varios cultivadores no perciben ingresos por cosechas entregadas desde hace dos años. Jenny Valencia, colona y líder comunitaria de Villarrica, expuso las dificultades que enfrentan para diversificar la siembra frente a la delincuencia:

“Nosotros no sabemos qué hacer por la inseguridad que se vive. Si ponemos una platanera, nos la roban; si ponemos aguacate, también. La caña uno la lavaba, le hacía labores y ella prácticamente salía adelante sola. Otros cultivos necesitan a alguien que esté cuidando; es decir, tendríamos que exponer a alguien a que lo maten por cuidar”.

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Ante esta coyuntura, agricultores han recurrido a extraer tierra en sus predios para venderla a ladrilleras o a vender plazas de tierra por $ 30 millones, valor distante de los cerca de $ 100 millones habituales. En el plano familiar, Valencia indicó que el sustento para costear los estudios de su hija en Cali se ha visto comprometido, obligándola a emprender en oficios de estética.

Deterioro económico y fiscal en Puerto Tejada y Guachené

La desocupación ha provocado la proliferación de ventas callejeras no autorizadas y servicios de transporte informal en carros particulares y motocicletas. Luz Adiela Salazar, alcaldesa de Puerto Tejada, reportó que más de dos mil hogares de su municipio quedaron desprovistos de sustento e indicó que el cierre de Propal y el Ingenio La Cabaña restará $ 900 millones anuales por concepto de impuesto predial a las arcas locales.

Por su parte, el municipio de Guachené dejará de percibir más de $ 6000 millones cada año por concepto de Impuesto de Industria y Comercio ante la partida de estas dos organizaciones. Ana Fernanda Muñoz, presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca, advirtió sobre la incertidumbre en Guachené y remarcó la necesidad de diseñar un plan conjunto entre Cauca y Valle del Cauca, teniendo en cuenta que, aunque el departamento posee unas 26.000 empresas matriculadas, menos de 250 son medianas y grandes, siendo estas las que jalonan los recursos fiscales y la contratación local.

En el último lustro, otras entidades como las plantas de Alpina, Cárnicos Nutresa e industrias del plástico también cesaron sus labores en la comarca, afectando a vigilantes, técnicos y personal de aseo.

Problemas de orden público y vías de comunicación

La transitabilidad de las rutas departamentales constituye otro factor crítico. Los bloqueos sobre la vía Panamericana sobrepasan los 40 episodios por año, situación que, sumada a los robos que sufren los vehículos de carga de alimentos, desincentiva la labor de los distribuidores y profundiza las mermas financieras de los negocios.

Alternativas productivas y solicitudes al Gobierno

Frente a la coyuntura se han formulado diversas opciones de mitigación:

  • Uso pecuario de la caña: Hernán Garcés Sandoval, gerente del Comité de Ganaderos del Cauca, planteó adquirir las plantaciones represadas para nutrir al ganado, solventando las necesidades de los sembradores y alistando reservas frente al Fenómeno de El Niño.
  • Siembra de cacao: Guillermo Velasco, director ejecutivo de la Fundación Mundo Mujer, explicó que cerca de 500 núcleos familiares participan en un esquema para cultivar y vender cacao con miras a disminuir la dependencia hacia la caña a mediano y largo plazo.

En el ámbito legislativo, el senador Christian Garcés radicó una constancia en la que expuso el efecto de la liquidación de La Cabaña, factoría que contaba con 1200 proveedores, de los cuales 890 eran pequeños agricultores con predios inferiores a tres hectáreas.

Por parte del gremio de los cultivadores, Marcela Urueña, presidente de Procaña, informó sobre acercamientos con ingenios operativos en Cauca y el sur del Valle del Cauca con el propósito de recuperar puestos laborales. Asimismo, la asociación solicitó al presidente Abelardo de la Espriella financiamiento, capital de trabajo y la estructuración de una mesa interinstitucional coordinada por la Vicepresidencia de la República para dar respuesta a la problemática regional.

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