Donación china de un millón de dólares sigue congelada en Fiduprevisora

El aporte financiero de un millón de dólares entregado por el Gobierno de China a Colombia tras el terremoto del 10 de agosto de 2026 continúa sin ejecutarse. Los recursos, gestionados a través de un fondo de inversión colectiva bajo la tutela de Fiduprevisora, no registraban salidas de capital ni pagos para atender a las víctimas hasta el 8 de noviembre, acumulando rendimientos financieros en lugar de materializarse en asistencia directa.

Ruta financiera y rendimientos de la donación internacional

La ayuda monetaria ingresó formalmente el 21 de septiembre de 2026 a la cuenta corriente del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), luego de una conversión cambiaria a razón de $3.184 por cada divisa estadounidense, lo que totalizó más de $3.184 millones. Posteriormente, el 22 de septiembre, el monto completo fue transferido al Fondo de Inversión Colectiva No. 6764, rotulado bajo el concepto de "Donación República China".

De acuerdo con el extracto emitido entre el 1 y el 8 de noviembre, dicho fondo inició con un balance de $3.215 millones y generó ganancias por $6,39 millones, situando el saldo final en $3.221 millones. Durante ese periodo no hubo retiros ni nuevos depósitos. Por su parte, Fiduprevisora certificó que no ha tramitado desembolsos adicionales ni existen convenios o contratos suscritos para la atención del desastre, argumentando la ausencia de directrices oficiales para formalizarlos.

Control político y recursos pendientes en la subcuenta SISMO 2026

El panorama de la ayuda internacional se conoció a partir de un derecho de petición contestado al congresista por Cundinamarca del Pacto Histórico, Yeisson Sua Cajamarca. El parlamentario expuso en la red social X que el dinero completó 47 días inactivo desde su recepción en septiembre y denunció retrasos más amplios en la subcuenta SISMO 2026:

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Permanecen sin girar alrededor de $64.000 millones destinados a cinco zonas territoriales, cifra que equivale al 51,4 % de los recursos aprobados.
Persisten dudas institucionales sobre las entidades encargadas de avalar los movimientos presupuestales y el cronograma de radicación de solicitudes.
Se desconoce el número concreto de hogares beneficiados con transferencias efectivas tras la catástrofe.

Frente a estos hallazgos, el legislador solicitó aclaraciones formales a Fiduprevisora y al Ministerio de Hacienda, subrayando: "No basta con anunciar recursos ni mover dinero entre fondos".

Reclamos territoriales y advertencias de los entes de control

La falta de transferencias ha provocado el pronunciamiento de gobernantes regionales. El 14 de noviembre, el mandatario de Pereira, Mauricio Salazar, aseveró que su administración no ha percibido partidas procedentes del Fondo Milagro. La autoridad local detalló que el suministro gubernamental de 85 viviendas resulta insuficiente para cerca de 45.000 grupos familiares damnificados (unas 103.000 personas), calculando que los trabajos de recuperación urbana en su jurisdicción demandan cerca de $13,8 billones.

En el departamento de Caldas, el gobernador Henry Gutiérrez declaró a Caracol Radio que la administración seccional ha tenido que acudir a fondos propios para cubrir arrendamientos provisionales y abastecer el banco de materiales. El funcionario explicó que recibieron unos $20.000 millones provenientes de la UNGRD, apartando $7.000 millones para el socorro de la población.

Por otro lado, la Procuraduría General de la Nación, tras inspecciones en Quindío, Caldas y Risaralda, identificó fallas en los censos de damnificados, demoras en el avalúo de daños residenciales e inequidad en el reparto de subvenciones económicas. Asimismo, el 12 de noviembre, la Comisión Accidental Bicameral del Congreso exigió fijar fechas precisas para la asistencia comunitaria en Valle del Cauca, Quindío y Risaralda.

Crisis de gestión y cambios en el Fondo Milagro

A diferencia de la donación de China —radicada formalmente en la subcuenta SISMO 2026 de la FNGRD—, las intervenciones mayores se canalizan en el Fondo Milagro, mecanismo fundado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella mediante el Decreto 1379 del 9 de septiembre de 2026, financiado con el Presupuesto General de la Nación y empréstitos del Banco Mundial.

Este fondo enfrentó cuestionamientos públicos debido al costo de su nómina, estimada en cerca de $765,6 millones mensuales sin prestaciones. Se reportaron honorarios individuales de $39,4 millones para la gerencia, $36 millones para directores y $33 millones para coordinadores. En paralelo, un informe legislativo evidenció que apenas se habían comprometido $7.440 millones en demoliciones para Cali y Pereira, monto que representa el 1,2 % de los $624.656 millones presupuestados para intervenciones de urgencia.

Esta controversia derivó en la dimisión de Jaime Andrés Uribe Tamayo el 13 de noviembre, tras lo cual el Gobierno comunicó la designación de Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda, al frente de la gerencia de dicha entidad.