La Jurisdicción Especial para la Paz emitió una resolución judicial en la que determinó la máxima responsabilidad de cinco antiguos miembros del Ejército Nacional por crímenes cometidos en Dabeiba y otras zonas del noroccidente de Antioquia. Los hechos, ocurridos entre 2002 y 2006, corresponden a ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de civiles reportados de forma fraudulenta como muertos en enfrentamientos armados.
El dictamen judicial abarca 18 episodios violentos que dejaron 35 víctimas directas. Las conductas fueron tipificadas como crímenes de lesa humanidad en las modalidades de asesinato y desaparición forzada, al igual que crímenes de guerra bajo la figura de homicidio en persona protegida.
Condenas impuestas y militares sancionados
Debido a que admitieron su culpa y suministraron testimonios verídicos, los cinco comparecientes recibieron sanciones propias, figura del modelo transicional que restringe derechos y libertades mientras impone tareas de reparación material e inmaterial para las poblaciones perjudicadas. La decisión recae sobre tres oficiales y dos suboficiales con roles de mando en estructuras operativas como los batallones de Contraguerrillas número 79 y número 26:
- Mayor Edie Pinzón Turcios: sancionado a seis años y dos días.
- Capitán Hermes Mauricio Alvarado Sáchica: condena de seis años y seis meses.
- Mayor Efraín Enrique Prada Correa: seis años, seis meses y diez días de sanción.
- Sargento segundo y posteriormente viceprimero Jaime Coral Trujillo: cinco años, seis meses y diez días.
- Cabo primero y posteriormente sargento segundo William Andrés Capera Vargas: cinco años, ocho meses y 25 días.
Mecanismos criminales detectados por la justicia
Las indagaciones de la JEP revelaron la existencia de tres modalidades sistemáticas ejecutadas por los uniformados:
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- Engaño y traslado de foráneos: personas traídas con falsas promesas desde ciudades como Medellín y Turbo para ejecutarlas y exhibirlas como bajas legítimas.
- Ocultamiento sistemático de restos: cadáveres sepultados clandestinamente o ingresados a camposantos locales, especialmente en el cementerio municipal de Ituango y el cementerio Las Mercedes, en Dabeiba.
Las confesiones aportadas durante las audiencias facilitaron la exhumación de 77 cuerpos en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba; de esa cifra global, 18 restos están individualizados plenamente y 17 fueron devueltos a sus allegados.
Obras restaurativas y restricciones de movilidad
El magistrado ponente, Juan Ramón Martínez Vargas, destacó el carácter judicial de la decisión ante los hechos que afectaron la región antioqueña. De igual forma, Esneda Altamirano, pariente de Jhon Jarvi Cañas Cano, valoró el fallo judicial como una validación de los daños ocasionados por estos delitos.
Los sancionados deberán materializar nueve programas comunitarios concertados con las víctimas entre diciembre de 2026 y octubre de 2034:
- Apertura y adecuación de vías terciarias en Dabeiba, Turbo, Carepa, Ituango, Frontino, Mutatá, Cañasgordas, Apartadó, Chigorodó y Buriticá.
- Limpieza y retiro de minas antipersonal en terrenos de Dabeiba, Murindó, Mutatá y Turbo.
- Reconstrucción de puentes peatonales o vehiculares sobre el río Sucio en Dabeiba.
- Actos de memoria en la Terminal de Transportes del Norte de Medellín, lugar utilizado para el reclutamiento engañoso de personas.
- Creación de piezas artísticas y murales en Dabeiba, Ituango, Carepa, Turbo y Medellín.
- Proyectos productivos locales, dignificación del cementerio Las Mercedes y planes continuos de rastreo de personas dadas por desaparecidas en el Urabá, el occidente antioqueño y el área metropolitana de Medellín.
El cumplimiento de las jornadas será obligatorio de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., con una hora intermedia de almuerzo. Los procesados tendrán prohibido salir de sus domicilios o de las áreas de trabajo sin previo permiso de los magistrados.
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