En el marco de la primera década desde la suscripción del pacto entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, expuso las materias pendientes en la ejecución de lo pactado, haciendo énfasis en las garantías territoriales y la centralidad de quienes padecieron la violencia armada.
Retrasos en el desarrollo agrario y rebrote armado
Durante una conversación con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, Marín Ortiz subrayó que la falta de equidad territorial constituye el principal deber incumplido de Colombia respecto al convenio de terminación del conflicto. Esta meta, consignada en el punto inicial del documento, pretendía cerrar la distancia entre las ciudades y el campo en 16 áreas seleccionadas por sus índices de pobreza, cultivos de uso ilícito y afectaciones por la guerra, donde a pesar de registrarse descensos relevantes en la pobreza multidimensional, persiste una brecha estructural.
La funcionaria puntualizó que la demora o insuficiencia en la intervención institucional permitió que nuevos actores ilegales coparan los lugares abandonados por la guerrilla desmovilizada. Como referente citó el departamento del Cauca, territorio que experimentó reducciones notables de hostilidades entre 2017 y 2019, escenario que contrastó con el deterioro actual del orden público derivado de la ausencia de una respuesta estatal coordinada.
Compromisos de los excomandantes y justicia restaurativa
Frente al comportamiento de las Farc, la titular de la Defensoría admitió que la mayor parte del antiguo secretariado abandonó la confrontación y atiende los llamados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). No obstante, demandó una mayor consideración hacia el sufrimiento ocasionado por crímenes como tomas de pueblos, secuestros y abusos sexuales, recordando que las sanciones no solo deben ser restaurativas sino que implican restricción de derechos y deben cumplirse con aflicción y respeto judicial.
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →Acerca del mecanismo de justicia transicional, Marín desestimó los llamados que buscan clausurar anticipadamente la JEP en un plazo de año y medio:
- El acuerdo determinó castigos de entre cinco y ocho años para quienes admitan verdad, que deben vigilarse para que no se perciba impunidad.
- La justicia transicional en Colombia atiende criminalidad masiva con más de diez millones de ciudadanos afectados, trámite complejo que tampoco concluyó la Ley de Justicia y Paz de 2005.
- Cerrar la jurisdicción carece de sustento técnico que demuestre que el traslado de expedientes evitará la impunidad o beneficiará a las víctimas.
Riesgos para la población en reincorporación
En cuanto al estado de los excombatientes, se precisó que cerca de 11.000 personas de las casi 13.000 que dejaron las armas permanecen integradas al proceso civil. Marín Ortiz denunció que más de 500 firmantes han muerto asesinados a lo largo de este decenio, alertando además por mermas en los recursos presupuestales destinados a su manutención y proyectos productivos.
Estas apreciaciones forman parte de los insumos que la entidad expondrá en el encuentro denominado ’10 años del acuerdo de paz. Audiencia defensorial. La paz se construye por la vida: un compromiso constitucional’, fundamentado en reportes institucionales y encuentros directos con comunidades y víctimas.
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