Las movilizaciones y recursos legales promovidos por trabajadoras sexuales, organizaciones aliadas y colectivos feministas lograron frenar la propuesta que buscaba vetar la oferta de servicios sexuales en las calles de Medellín. La medida estaba contemplada dentro del Proyecto de Acuerdo 104 de 2026, correspondiente a la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), cuya vigencia definirá el desarrollo urbano de la capital antioqueña durante los siguientes 12 años.
La plenaria del Concejo aprobó el documento el pasado 5 de noviembre tras una jornada de deliberación que se extendió por más de 14 horas. De las 119 enmiendas radicadas en el proceso, 60 obtuvieron luz verde, quedando el acuerdo a la espera de la sanción por parte del alcalde Federico Gutiérrez.
El origen y retiro del artículo restrictivo
El punto central de la controversia recayó sobre el artículo 328 del proyecto. La moción restrictiva fue radicada a comienzos de octubre por el concejal Andrés Felipe Tobón, integrante del movimiento político Creemos. El cabildante argumentó que resultaba necesario normar dicha labor para impedir vacíos jurídicos y sostuvo que su desarrollo en la vía pública guardaba relación con bandas criminales y situaciones de explotación sexual.
Frente a las limitaciones de índole constitucional, el planteamiento inicial debió ajustarse. El propio Tobón manifestó: «La intención era que no se permitiera en ninguna parte del espacio público el ofrecimiento de servicios sexuales, pero los límites constitucionales al final, fueron mucho más claros y, bueno, esta intención es regularizar y normatizar alrededor de lo que legalmente es posible».
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →Impacto y conformación de la coalición ciudadana
La respuesta comunitaria congregó a diversas organizaciones en la denominada Coalición por la Dignidad del Trabajo Sexual. De acuerdo con estimaciones del sector, la aprobación del texto inicial habría dejado desprotegidas a más de 3.500 mujeres. La activista transfeminista Renata Reyes detalló la conformación de este frente: «Nosotras conformamos una coalición, nos juntamos organizaciones, putas, aliadas feministas y todo el que sentía un llamado político a ser parte de esta lucha».
Ante la presión ejercida a lo largo de un mes mediante acciones presenciales y virtuales, la Alcaldía promovió una modificación aclarando que el articulado no limitará la libre circulación ni el ofrecimiento de las labores sexuales en zonas públicas.
Persisten dudas por vacíos jurídicos en la redacción
Pese a la rectificación en el Concejo, voceras y especialistas legales expresaron su inquietud por la redacción definitiva. Renata Reyes advirtió sobre el riesgo de sanciones indebidas y actuaciones policiales arbitrarias, puntualizando:
«Dice que no prohíben ofrecer el servicio y que solo van a castigar los actos sexuales en la vía pública. Esa fue la narración verbal del representante de la dirección distrital. Pero hacer actos sexuales en la calle ya está prohibido por ley para cualquier persona, reciba pago o no reciba pago».
Por su parte, la exconcejala del movimiento feminista Estamos Listas, abogada constitucionalista y defensora de derechos humanos, Dora Saldarriaga, criticó las inconsistencias del contenido. La normativa señala que los sectores y bienes públicos carecen de autorización para prestar de manera presencial servicios ligados a la prostitución, pero renglones después garantiza tanto la circulación como el ofrecimiento de la actividad, generando contradicciones normativas para su ejercicio.
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