La revisión de la plataforma estatal SECOP sacó a la luz que los vínculos laborales con el sector público de la denunciante de Petro comenzaron antes del periodo presidencial del Pacto Histórico. La documentación oficial desvirtúa las versiones que señalaban que su ingreso al Estado se originó bajo la actual administración gubernamental o como una concesión directa del mandatario.
Contratación estatal previa a la posesión presidencial
Los datos contractuales demuestran que Jiménez formalizó tres acuerdos con dependencias oficiales en el lapso comprendido entre agosto de 2021 y enero de 2022. Estas fechas preceden la investidura de Petro como jefe de Estado, acontecimiento que tuvo lugar el 7 de agosto de 2022.
Respecto a los montos económicos percibidos durante ese periodo inicial, las cifras registradas señalan:
- Un convenio por un valor de $2,7 millones.
- Un segundo acuerdo tasado en $4,5 millones.
- Una asignación por un total de $9,42 millones.
Vinculación en el Congreso y nivel educativo acreditado
Indagaciones adelantadas por la Agencia Periodismo Investigativo (API) ratificaron que la incursión de Jiménez en el aparato legislativo ocurrió a mitad del año 2021. Específicamente, prestó labores de soporte administrativo dentro de la división de recursos humanos del Congreso, actividad por la cual devengó $7,2 millones a lo largo de la segunda mitad de esa vigencia anual.
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →El seguimiento documental destaca que, durante la suscripción de tales obligaciones, el único soporte formativo con el que contaba la contratista era el de bachiller académico. La certificación de dicho nivel educativo data de diciembre de 2020, apenas unos meses antes de firmar su primer lazo laboral en el Senado durante agosto de 2021.
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