El mandatario de Paraguay, Santiago Peña, comunicó este jueves 5 de noviembre de 2026 su dimisión a la jefatura de Estado. La determinación se dio a conocer a través de un video difundido en la red social X y quedó oficializada mediante una misiva enviada a Basilio Núñez, titular del Congreso paraguayo.
La dimisión ocurrió en un momento en que la Cámara de Diputados adelantaba discusiones sobre un juicio político en su contra, derivado de la intervención y clausura de Ueno Bank. Respecto a su determinación, Peña manifestó: «He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas». Asimismo, el gobernante ofreció disculpas a la población y enfatizó que su enfoque principal radica en asegurar el retorno del dinero a los depositantes perjudicados.
La pérdida del respaldo político y el proceso legislativo
La postura del jefe de Estado se produjo tras perder la base política de su propia bancada. Horacio Cartes, quien ejerce la presidencia de la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado), informó que la agrupación resolvió apoyar el enjuiciamiento legislativo contra Peña.
De acuerdo con el ordenamiento constitucional, el Congreso debe determinar si aprueba o desestima la dimisión presentada. Si el Legislativo avala la renuncia, el mando del Poder Ejecutivo quedará a cargo del vicepresidente Pedro Alliana.
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El colapso de la institución financiera involucra factores económicos de gran magnitud y presuntas faltas éticas bajo indagación:
- El cese de operaciones de Ueno Bank afectó de forma directa a 2.9 millones de usuarios, impidiéndoles disponer inmediatamente de sus fondos.
- La firma gestionaba alrededor de 800 millones de dólares correspondientes al erario.
- El mandatario mantuvo participación como accionista hasta el año 2025 en la corporación ligada al banco.
- Existen cuestionamientos e indagatorias en curso por presuntos manejos indebidos de dinero público, fondos previsionales y conflictos de intereses generados durante su administración.
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