Funcionarios de Migración Colombia ejecutaron la expulsión de 11 personas extranjeras radicadas en Santa Marta, tras catalogarlas como una amenaza contra la seguridad en la capital del departamento de Magdalena. Los implicados fueron trasladados hasta el paso fronterizo de Paraguachón, situado en La Guajira, donde quedaron bajo custodia de las entidades correspondientes de sus naciones de origen, datos sobre cuyos orígenes no fueron suministrados por el organismo oficial.
Historial delictivo y medidas de control
De acuerdo con registros de la Policía Nacional, los foráneos acumulaban de manera conjunta más de una treintena de sanciones correctivas ligadas a diversas infracciones penales, entre las cuales destacan:
- Hurto agravado.
- Porte ilegal de armas.
- Consumo de sustancias prohibidas.
Las diligencias forman parte de las directrices de vigilancia, fiscalización e inspección implementadas en espacios públicos y locales comerciales de Santa Marta, promovidas bajo el mandato del presidente Abelardo de la Espriella para hacer cumplir las normas migratorias e identificar a individuos involucrados en actos criminales que atenten contra la soberanía nacional. El jefe de Estado también ha dispuesto el retiro de ciudadanos en condición de irregularidad, aun si no registran antecedentes penales.
Garantías legales en las expulsiones
El director general de la entidad migratoria, José Luis Castañeda, explicó el sustento de estas decisiones: “Cada actuación administrativa se sustenta en las causales legalmente establecidas en la normativa colombiana para garantizar el debido proceso y estas son analizadas de manera individual. Los procedimientos se efectuaron con estricto apego a la ley y garantía de los derechos de los ciudadanos extranjeros”.
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Las labores en la costa norte coinciden con disposiciones recientes impartidas por el presidente De La Espriella durante un consejo de seguridad compartido con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. En dicho encuentro, el mandatario nacional instruyó a la autoridad migratoria a tramitar la deportación de ciudadanos venezolanos en estatus irregular en la capital del país.
Frente a este panorama en la capital, el gobernante declaró: “Vamos a fortalecer todos los días la coordinación entre la Nación y el Distrito para atender la situación de los migrantes venezolanos en condición irregular en el marco de la ley. Los que estén delinquiendo y tengan anotaciones los vamos a deportar sin ninguna dilación y es la orden que le he dado”.
De la Espriella calificó como un escenario difícil la presencia de más de 148.000 ciudadanos venezolanos no regularizados en Bogotá. Las determinaciones adoptadas han generado reparos por parte de la Defensoría del Pueblo y de representantes de la oposición política.
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