La Defensora del Pueblo, Iris Marín, solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación y a los despachos judiciales esclarecer los posibles vínculos entre sectores políticos y estructuras criminales que operan en Cúcuta y Norte de Santander. El requerimiento institucional apunta a identificar los esquemas de corrupción que permiten la consolidación territorial de estos grupos ilegales.
De acuerdo con la funcionaria, resulta inviable que las bandas ejerzan semejante control en una capital de departamento sin contar con el respaldo o la tolerancia de ciertos poderes locales. Marín sostuvo que los organismos investigadores deben analizar la situación integralmente para desarticular la capacidad operativa de estas organizaciones armadas.
Homicidios y deterioro del orden público
La postura del organismo humanitario surge inmediatamente después del asesinato de Miguel Castellanos, quien fungió como secretario de Gobierno municipal, era mayor en retiro de la Policía Nacional y proyectaba su candidatura a la Alcaldía de Cúcuta. Este atentado coincidió con una racha violenta reciente que incluyó un ataque sicarial previo y la activación de una carga explosiva en inmediaciones del puente internacional Francisco de Paula Santander.
La titular del ente defensorial advirtió que la intimidación sistemática en la zona golpea a diversos sectores civiles:
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →- Líderes sociales y dirigentes: afrontan amenazas constantes en el ejercicio de sus funciones y aspiraciones públicas.
- Periodistas en riesgo: el gremio reporta graves afectaciones, evidenciadas en el crimen del comunicador Cristian Herrera meses atrás, hecho que llevó a la FLIP a calificar a la capital nortesantandereana como la urbe más peligrosa del país para el oficio periodístico.
- Comunidad fronteriza: expuesta a disputas derivadas de rentas ilícitas.
Presencia armada en el área metropolitana y la frontera
El panorama de violencia urbana trasciende a poblaciones limítrofes como Los Patios y Villa del Rosario, impactadas por el accionar del Clan del Golfo (Ejército Gaitanista de Colombia) y otras bandas delictivas organizadas. Las confrontaciones se vinculan a su vez con la situación del Catatumbo, donde el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC sostienen una confrontación abierta originada tras el quiebre de sus pactos en enero de 2025.
Finalmente, las condiciones de la frontera con Venezuela intensifican las hostilidades debido al control de economías ilícitas y corredores de contrabando, factores determinantes en la degradación de la seguridad regional.
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