La Procuraduría General de la Nación comenzó la revisión de diversos convenios y actuaciones contractuales vinculadas a Norbert Vonblon Pomare, contratista radicado en el departamento de San Andrés y cónyuge de la congresista Elizabeth Jay-Pang Díaz. La atención sobre sus actividades creció luego de que el presidente Abelardo De La Espriella reclamara públicamente a la parlamentaria en el archipiélago sobre gestiones en Coralina y transacciones comerciales atribuidas a su pareja.
Vínculos bajo la lupa con implicado en Centros Poblados
Las indagaciones periodísticas exponen relaciones comerciales entre Vonblon Pomare y Jorge Alfonso Molina García-Mayorga, ciudadano judicializado en el pasado por su papel en la expedición de pólizas bancarias fraudulentas presentadas por la Unión Temporal Centros Poblados ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mintic), trama asociada a Emilio Tapia.
Previamente, Vonblon figuraba en cuestionamientos por la venta de un predio a la administración del entonces gobernador liberal Nicolás Gallardo por 1.700 millones de pesos, inmueble que una compañía del contratista había obtenido seis años antes, en diciembre de 2017, por un valor de 25 millones de pesos.
Las presuntas irregularidades en el penal El Pesebre
Las alertas recientes se originan en las obras del centro penitenciario El Pesebre, situado en Puerto Triunfo, Antioquia. Dicha infraestructura fue asignada por Fonade el 28 de febrero de 2007 mediante un presupuesto inicial de 35.837 millones de pesos al Consorcio CMS Cárceles, integrado por:
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- Pizano Pradilla Caro Restrepo Ltda. (25%)
- Disico S.A. (25%)
- Sáenz Ruiz Cadena Ingenieros Civiles S.A. (6%)
Molina García ejercía como directivo suplente de esta unión temporal y accionista principal de CM Construcciones. Nelson Ríos Villamizar, representante de Disico S.A., radicó una denuncia penal en su contra por concierto para delinquir, falsedad, abuso de confianza calificado, estafa y amenazas.
Hacia finales de 2007, una auditoría contable determinó la entrega de adelantos sin garantías que beneficiaron a firmas de Vonblon, entre ellas Josefs Concretes Ltda. y Agregados NVP Ltda., encargadas del suministro de morteros y materiales de construcción.
Los desembolsos y la solicitud de rastreo bancario
De acuerdo con testimonios vinculados a las denuncias, los anticipos habrían escalado de un 15 % a montos cercanos al 40 %, acumulando 734 millones de pesos que terminaron consignados en una cuenta de ahorros personal de Vonblon. Aunque en su momento el constructor argumentó actuar de buena fe y desconocer los retiros posteriores de Molina García, las denuncias apuntaban a un presunto manejo conjunto de productos financieros sin avances en la Fiscalía.
Los lazos entre ambos actores registran antecedentes en el archipiélago durante las obras del hospital Amor y Patria, intervenido por el Gobierno De La Espriella. En ese proyecto, un tribunal de arbitramento determinó que el Consorcio del Norte, gerenciado por Molina García, falló en la ejecución de diversas labores, ordenándole pagar 1.650 millones de pesos a Fonade.
Frente a estos expedientes, Cristina Lombana, secretaria de Transparencia de la Presidencia, solicitó a la Fiscalía trasladar a Bogotá diversas investigaciones por corrupción tramitadas en San Andrés, a las cuales se sumaría la verificación sobre las obras carcelarias.
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