Una población de 4.500 personas privadas de la libertad en siete patios del centro penitenciario La Picota formuló un plan voluntario para desarticular prácticas delictivas e impulsar labores de reinserción. La iniciativa se dio a conocer por medio de una comunicación remitida por Johana Bahamón, integrante de la Fundación Acción Interna, dirigida al presidente Abelardo de la Espriella, al ministro de Justicia Iván Cancino y al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas.
Camilo Higuera, director de Comunicaciones e Inclusión Social de la mencionada fundación, explicó los detalles del planteamiento durante un diálogo con 6AM W de Caracol Radio, donde expuso las dos líneas de acción trazadas por la propia comunidad carcelaria.
Desarme tecnológico frente a la extorsión carcelaria
El primer eje contempla la entrega voluntaria de los aparatos de telefonía móvil que permanecen dentro de los patios del penal. La recolección de los equipos operaría bajo un esquema coordinado de manera directa con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
Frente al impacto de estas conductas, Higuera señaló que aproximadamente el 70% de las extorsiones registradas en el territorio nacional se originan tras las rejas; sin embargo, precisó que tal cifra no implica la participación masiva de la población reclusa. Sobre las consecuencias de estos actos, puntualizó: “La extorsión y todos los delitos digitales no solamente afectan la comunidad afuera, sino también afectan la situación de convivencia adentro”.
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El segundo componente del documento radicado ante el Gobierno nacional y las autoridades penitenciarias prioriza la ocupación laboral mediante actividades de utilidad pública. Los internos manifestaron su disposición para intervenir en:
- Elaboración de pupitres destinados a instituciones educativas.
- Producción y costura de uniformes escolares.
- Fabricación de dotación y mobiliario hospitalario.
- Labores de mano de obra en infraestructura vial, mejoramiento de carreteras y adecuación de áreas comunitarias.
Higuera indicó que la determinación de los privados de la libertad surge a partir de “la nueva visión” en materia de seguridad implementada por la actual administración. El vocero añadió que los reclusos tienen el propósito de “dedicarse a terminar de pagar su condena en un proceso de resocialización y haciendo un ejercicio de retribución a la comunidad utilizando el tiempo libre”.
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