En el marco de la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027, iniciativa avalada durante la madrugada del martes bajo la administración de Abelardo De la Espriella, el legislador Ariel Ávila expuso diversos reparos frente a la transparencia y la asignación monetaria para múltiples sectores.
Supresión de herramientas para rastrear los dineros
La principal objeción del parlamentario radicó en la desaparición de los instrumentos técnicos encargados de vigilar el destino de las partidas estatales. Ávila sostuvo que las modificaciones aplicadas al articulado impiden verificar con certeza la ruta que seguirán los recursos en cada rubro.
Al intervenir en el Congreso de la República, el senador expresó: “Quitaron todos los trazadores de seguimiento presupuestal. Todos los trazadores para nosotros poder saber en qué se van a gastar la plata, cómo se van a gastar, fueron eliminados del Plan de Desarrollo”.
Riesgo energético en regiones apartadas y recortes al SENA
El congresista también señaló que se ejecutaron traslados financieros en las cuentas consagradas a la electrificación rural, situación que perjudicaría a los territorios excluidos de la red interconectada. De acuerdo con su denuncia, este movimiento presupuestal amenaza con dejar sin cobertura a:
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- Vaupés
- Guainía
- Putumayo
- Arauca
- Áreas pertenecientes a Norte de Santander
Asimismo, Ávila criticó las determinaciones tomadas frente al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Aunque en la fase inicial de debate se había aprobado una partida extraordinaria equivalente a $500.000 millones, el Gobierno tomó la decisión de retirar dicha suma en la etapa parlamentaria posterior.
Impacto en víctimas y en la Jurisdicción Especial para la Paz
Otro punto de discordia involucra la atención a las personas afectadas por la violencia armada. El senador reveló que la palabra “víctimas” fue suprimida del texto del artículo 91, al tiempo que se redujeron las certezas económicas destinadas a su reparación integral, lo que a su juicio vulnera los deberes adquiridos por las instituciones gubernamentales.
Finalmente, Ávila asoció estos ajustes al desfinanciamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según su exposición, mermar los fondos de esta entidad impacta de manera negativa los procesos de esclarecimiento de la verdad histórica y el juzgamiento de terceros involucrados en las dinámicas del conflicto armado.
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