Han transcurrido siete meses desde que una serie de señalamientos por agresiones y acoso sexual impactó a distintas empresas periodísticas en Colombia. Los expedientes permanecen bajo la lupa de la Fiscalía General de la Nación, entidad que evalúa los hechos reportados por trabajadoras del sector.
El surgimiento del movimiento en los entornos informativos
Durante el mes de marzo, diversas comunicadoras recurrieron a las plataformas digitales para visibilizar agresiones laborales, abusos de poder y conductas de acoso sexual. Mediante las etiquetas #YoTeCreoColega y #MeTooColombia, salieron a la luz situaciones que previamente se restringían a conversaciones privadas en las salas de redacción. Una herramienta habilitada para recibir estos testimonios recopiló aproximadamente 300 relatos.
Las acusaciones iniciales tuvieron origen en Noticias Caracol, donde reporteras utilizaron las rutas internas corporativas frente a presuntas conductas atribuidas a los presentadores Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego. Tras anunciar la empresa que ponía en marcha sus protocolos disciplinarios, se produjo una reacción en cadena que motivó a más mujeres a compartir sus vivencias. Los casos involucraron también a figuras como Rafael Poveda y alcanzaron a otras empresas informativas:
- El Tiempo
- Red+ Noticias
- RCN Televisión
- Canal Capital
- Canal Trece
- El Espectador
- Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC)
Los testimonios recopilados evidenciaron patrones de intimidación ligados a jerarquías laborales, donde se empleaban presiones directas como «si quieres crecer aquí tienes que portarte bien», «no te conviene decir que no» o «yo puedo hacer que entres o que no entres» como mecanismos de coacción hacia las trabajadoras.
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Frente a la cantidad de denuncias públicas, las autoridades estatales activaron mecanismos de control. El Ministerio del Trabajo dio inicio a visitas e inspecciones laborales tanto en medios de carácter público como privado con el fin de examinar los climas de trabajo y detectar posibles factores de riesgo.
De manera simultánea, el ente acusador instauró el Grupo de Tareas Especiales para la Investigación y Judicialización de las Violencias Basadas en Género en Entornos de Medios de Comunicación. Esta dependencia busca tramitar los procesos con una perspectiva diferenciada, dentro de un panorama nacional donde las cifras de la propia Fiscalía indican que la impunidad en hechos de acoso y violencia sexual sobrepasa el 90 %.
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