Una marcada discrepancia entre los balances oficiales de donaciones para el país y los pronunciamientos del Ejecutivo fue puesta en evidencia por el senador Alejandro Ocampo. El congresista señaló que el balance entregado por la primera dama no concuerda con los montos que el presidente Abelardo De la Espriella y las dependencias estatales han divulgado de manera pública.

Las diferencias frente a los anuncios oficiales

De acuerdo con Ocampo, las declaraciones del mandatario apuntaban a recaudos cercanos a los dos billones de pesos, derivados del respaldo de gobiernos internacionales, corporaciones de gran tamaño y líderes empresariales. Pese a estas expectativas, las sumas recopiladas por el parlamentario rebasan por amplio margen lo consignado en el balance formal de la primera dama.

En el plano internacional, los recursos prometidos por diferentes administraciones foráneas rondarían los $136.000 millones. Al contrastar estas partidas, el legislador determinó que los montos publicitados superan en múltiples ocasiones el consolidado oficial, advirtiendo además que compromisos adjudicados a Estados Unidos no se encuentran reflejados adecuadamente en la rendición institucional.

Los aportes empresariales bajo revisión

El congresista detalló una serie de contribuciones corporativas que harían parte de los montos prometidos:

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  • Familia Gilinski: $150.000 millones.
  • Fundación Santo Domingo: $100.000 millones.
  • David Vélez y Maribel Reyes (Nubank): $100.000 millones.
  • Tecnoquímicas: $50.000 millones.
  • Programas regionales: dineros canalizados por firmas y conglomerados para proyectos en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca.

Frente a estos montos, Ocampo hizo énfasis en que partidas específicas, como la atribuida a la familia Gilinski, presentan inconsistencias en el informe final respecto a la manera en que fueron comunicadas a la opinión pública.

Acciones judiciales y exigencia de claridad

Ante la falta de precisión sobre el flujo del dinero, el senador indicó que ha recurrido a vías jurídicas y requerimientos de información para esclarecer la identidad de las compañías participantes y los mecanismos de custodia de los capitales. Sostuvo que las respuestas obtenidas hasta el momento impiden verificar la magnitud real y el destino específico de la ayuda.

La discusión se mantiene concentrada en la brecha entre los discursos presidenciales y la contabilidad presentada. Por esta razón, el legislador exigió la apertura total de los libros contables, la individualización de las entidades receptoras, la cuantificación exacta de los ingresos efectivos y el detalle de cómo se administraron dichos recursos.

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