Una operación militar aérea y terrestre, llevada a cabo por las Fuerzas Militares en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, resultó en la muerte de cuatro personas, entre ellas una mujer de 16 años, y dejó tres soldados heridos. La acción se dirigió contra el grupo armado organizado residual (GAOr) Frente 33, señalado de pertenecer a la estructura de alias Calarcá.
Los hechos ocurrieron desde las 10 de la noche del sábado 10 de octubre. Según información del Instituto Nacional de Medicina Legal citada por las Fuerzas Militares, la adolescente fallecida se encontraba en función continua de combate en el momento de la operación.
Detalles de la operación y cuestionamientos
La operación se planeó a partir de labores de inteligencia que identificaron campamentos, un búnker y zonas con artefactos explosivos improvisados. Ante estas condiciones, las autoridades decidieron usar el componente aéreo, seguido del despliegue de unidades terrestres para asegurar y registrar el área. Durante las acciones en tierra, tres soldados sufrieron heridas por la activación de un campo minado cercano a uno de los campamentos. El comunicado no especificó la gravedad de sus lesiones.
Este incidente representa el cuarto bombardeo ordenado por el gobierno de Abelardo de la Espriella. La Defensoría del Pueblo, desde la administración pasada, ha manifestado preocupación por estos operativos debido a las muertes de menores de edad involucrados. La defensora del pueblo, Iris Marín, ha cuestionado la pertinencia de ejecutar bombardeos cuando es previsible la presencia de menores, a pesar de que los considera una herramienta del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →Marín enfatizó que, si bien la responsabilidad principal por la muerte de menores recae en quienes los reclutan, el Estado y la Fuerza Pública deben evaluar sus estrategias, especialmente si los bombardeos aumentan la cifra de niños, niñas y adolescentes muertos. El Ministerio de Defensa, por su parte, reiteró el rechazo del Gobierno al reclutamiento y la instrumentalización de menores por parte de grupos armados ilegales.
Objetivos y resultados del operativo
El Ministerio de Defensa informó que la operación tenía como objetivo proteger a las comunidades rurales de Tibú de las acciones armadas del Frente 33 y del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las autoridades indicaron que la confrontación entre estos grupos ha causado la destrucción de viviendas por ataques con drones y la existencia de campos minados, que representan un riesgo para la población y la Fuerza Pública. Las afectaciones a viviendas mencionadas fueron registradas antes del operativo.
Como resultado de la operación, las Fuerzas Militares incautaron:
- Diez fusiles
- Una ametralladora
- Una pistola y un revólver
- 57 cargadores
- 3.867 cartuchos de diferentes calibres
- Dos miras ópticas
- Material de intendencia
- Tres teléfonos celulares
Adicionalmente, se localizaron tres campamentos con capacidad para 36 integrantes de la estructura armada, tres áreas preparadas con artefactos explosivos improvisados, un búnker y cinco brazaletes alusivos a las FARC.
Las Fuerzas Militares aseguraron que la operación se planificó con medidas para proteger a la población civil y bajo los principios de distinción, proporcionalidad y precaución contemplados en el DIH. El Gobierno nacional afirmó que continuará desarrollando operaciones para defender el territorio y mantener el orden constitucional, siempre en el marco de la Constitución, la ley y las normas del Derecho Internacional Humanitario.
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