Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD), ha interpuesto una petición ante la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia para que se impida su traslado a la cárcel La Picota, en Bogotá. La solicitud se fundamenta en el riesgo que su vida podría enfrentar en un centro penitenciario ordinario, especialmente por su condición de colaborador de la justicia en el caso de corrupción de la UNGRD.
Decisión del Inpec y desacato a órdenes judiciales
La acción de Pinilla surge después de que el Inpec expidiera una resolución que ordena su traslado desde la guarnición militar donde se encuentra recluido hacia un centro penitenciario común. Sin embargo, en una carta de nueve páginas, Pinilla argumenta que esta decisión, emitida el martes 6 de octubre, desconoce dos fallos judiciales previos.
- En agosto de 2024, una decisión judicial dispuso su reclusión en una instalación militar debido al posible peligro asociado a su rol como colaborador de la justicia.
- Posteriormente, en abril de 2025, otro despacho judicial reiteró la necesidad de que permaneciera en dicho lugar para salvaguardar su vida.
Advertencia de la Fiscalía y compromiso de colaboración
La preocupación por la seguridad de Pinilla no es nueva. En septiembre de este año, una fiscal delegada ante la Corte Suprema ya había solicitado que tanto Pinilla como Olmedo López no fueran trasladados. La Fiscalía General de la Nación considera a ambos como testigos esenciales en las investigaciones relacionadas con el entramado de corrupción de la UNGRD, destacando su compromiso de declarar contra al menos 23 personas.
La defensa de Pinilla sostiene que el Inpec no puede tomar una determinación de traslado sin considerar las órdenes judiciales existentes y los riesgos específicos que enfrenta el exfuncionario. Se argumenta que esta medida podría vulnerar su debido proceso y poner en peligro sus derechos fundamentales a la vida y a la seguridad personal.
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La petición ante la Corte subraya que mantener a Pinilla en condiciones seguras es crucial para que pueda seguir aportando información y declarar sin temor a posibles represalias. Se enfatiza que la facultad del Inpec para reubicar a personas privadas de la libertad tiene límites y debe tener en cuenta las circunstancias particulares de cada caso.
Como respaldo a su solicitud, el escrito presentado por Pinilla enumera diversos resultados judiciales obtenidos gracias a su colaboración. Entre estos se mencionan:
- Órdenes de captura.
- Medidas de aseguramiento.
- Preacuerdos y condenas contra individuos vinculados al entramado de corrupción de la UNGRD.
- Decisiones judiciales contra personas con fuero.
- La pérdida de investidura del exsenador Iván Name.
- Medidas cautelares de extinción de dominio sobre bienes pertenecientes a diez personas y cinco empresas presuntamente relacionadas con el caso.
Finalmente, Pinilla solicita a la Corte Suprema que promueva una coordinación urgente entre la Fiscalía, el Inpec y las autoridades judiciales para revisar su situación. Asimismo, pide que se soliciten explicaciones al Inpec sobre los motivos del traslado y que se informe a los despachos judiciales donde debe declarar sobre los riesgos que, según su defensa, podría enfrentar.
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