Funcionarios del gobierno estadounidense comunicaron a Colombia que Gustavo Petro, expresidente del país, no enfrenta cargos penales en Estados Unidos. Esta aclaración se refiere a investigaciones que fiscales federales de Nueva York adelantan por supuestos vínculos con narcotraficantes. La información fue difundida por el diario The New York Times, que citó a cuatro fuentes gubernamentales de ambas naciones, las cuales solicitaron mantener su anonimato.

Detalles de las investigaciones del Departamento de Justicia

Según The New York Times, el Departamento de Justicia de EE. UU. lleva a cabo dos indagaciones separadas, actualmente en sus fases iniciales. Estas investigaciones buscan esclarecer presuntas reuniones de Petro con figuras criminales y supuestas solicitudes de donaciones para su campaña electoral.

No obstante, las fuentes consultadas por el medio neoyorquino enfatizaron que aún no se ha determinado si estos procesos culminarán en acusaciones formales. Ni la Casa Blanca, ni el Departamento de Estado, ni el Departamento de Justicia emitieron comentarios sobre este particular.

Repercusiones políticas y contexto electoral

La difusión inicial de estas indagaciones generó revuelo en el ámbito político colombiano, especialmente en los meses previos a las elecciones presidenciales de mayo. En aquel momento, sectores de la oposición, liderados por el entonces candidato Abelardo De La Espriella, instaron a Petro a responder públicamente a los señalamientos.

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Petro, por su parte, rechazó cualquier asociación ilícita y desestimó la relevancia de las investigaciones internacionales, argumentando que no tenían correlación en el sistema judicial colombiano. Asimismo, calificó las revelaciones periodísticas como una maniobra de injerencia electoral, diseñada para perjudicar a su movimiento político.

Consideraciones geoestratégicas de Washington

The New York Times indicó que la prudencia de Washington en este expediente judicial se fundamenta en intereses geoestratégicos. Estados Unidos valora a Colombia como un aliado esencial para su política exterior en relación con Venezuela. Además, prioriza la continuidad de las estrategias antidrogas y de seguridad en la región, un factor que cobra especial relevancia tras la reciente transición de poder en la Casa de Nariño.

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