El senador Iván Cepeda, miembro del Pacto Histórico, ha manifestado su preocupación ante el estatuto antiterrorista que el Gobierno nacional se dispone a presentar. Aunque el contenido detallado del proyecto se conocerá oficialmente este jueves, el congresista ya ha expuesto diversas objeciones a sus potenciales implicaciones.

Riesgos para los Derechos Humanos y Garantías Constitucionales

Cepeda considera que la propuesta legislativa podría conceder facultades excesivas al Estado, lo que, a su juicio, generaría riesgos significativos para los derechos humanos. El senador sostiene que las disposiciones contempladas tienen el potencial de menoscabar las garantías constitucionales y de propiciar situaciones que califica como arbitrarias.

En sus declaraciones, Cepeda afirmó: “Un régimen despótico y autoritario quedará con las manos libres para atentar contra los derechos humanos de la ciudadanía en Colombia”. Esta aseveración subraya su inquietud sobre las repercusiones que la implementación del estatuto podría acarrear.

Cuestionamientos a la Definición de Terrorismo

Uno de los principales puntos de crítica del senador se centra en la manera en que se pretende definir el terrorismo dentro de la iniciativa. Según Cepeda, la formulación planteada es excesivamente amplia:

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“Terrorista es cualquier acción que produzca miedo, pánico, zozobra, riesgo, amenazas o utilización de violencia. Es decir, potencialmente cualquier clase de conducta ilícita o, incluso, acciones que hoy están inscritas dentro de la legalidad. Bajo estas definiciones, el actual Gobierno entraría en esa categoría”, explicó el congresista.

El senador también mostró reparos al hecho de que el modelo de referencia para este estatuto sea el de Estados Unidos. Para Cepeda, una definición tan vasta de terrorismo podría catalogar como tales a comportamientos que actualmente no constituyen delitos de esa naturaleza.

Facultades Arbitrarias y Afectación del Buen Nombre

Otro aspecto que suscita inquietud en el legislador es la posibilidad de que el Gobierno pueda designar a personas u organizaciones como terroristas sin que medie una decisión judicial previa. Cepeda argumenta que esta facultad podría dar lugar a resoluciones arbitrarias y lesionar directamente derechos individuales.

El senador advirtió sobre las posibles consecuencias de incluir individuos y entidades en estos listados, señalando que podría generar:

  • Afectaciones irreparables al buen nombre.
  • Sanciones económicas.
  • Graves daños patrimoniales.

Esto ocurriría, según el senador, “sin tener antecedentes, condenas o sanciones de carácter penal”.

La Figura del Alto Comisionado contra el Terrorismo

Cepeda también se refirió a la propuesta de crear la figura de un alto comisionado contra el terrorismo. El senador cuestionó las competencias que le serían atribuidas a este funcionario y alertó que su mandato excedería el periodo de un gobierno.

De acuerdo con el congresista, este cargo tendría “plenos poderes”, sería establecido bajo un estado de excepción por el presidente Abelardo de la Espriella y contaría con una duración de cinco años.

La presentación oficial del estatuto por parte del Gobierno, con el objetivo de robustecer las herramientas estatales contra los grupos armados ilegales, está prevista para este jueves.

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