Las defensas de Olmedo López y Sneyder Pinilla, implicados en el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), han solicitado una audiencia urgente para revertir el traslado de ambos a la cárcel de máxima seguridad La Picota, ubicada en el sur de Bogotá. Los abogados de los exfuncionarios argumentan que dicha medida vulnera órdenes judiciales previas y pone en riesgo la vida de sus representados, quienes son considerados testigos clave en la investigación.
Solicitud de audiencia para revertir traslado
La solicitud principal de los abogados se centra en que se mantenga a López y Pinilla en una guarnición militar, en lugar de La Picota. La defensa de Olmedo López ha dirigido esta petición al juez 35 de control de garantías de Bogotá, instándolo a convocar la audiencia con carácter de urgencia. La medida de traslado fue ordenada por Abelardo de la Espriella y ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la UNGRD, se encontraba previamente recluido en el Cantón Militar Caldas. Por su parte, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector de desastres de la misma entidad, permanecía detenido en la Escuela de Artillería. El coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, director del INPEC, acató la orden de hacer efectivo su traslado a La Picota.
Argumentos de las defensas sobre la protección de testigos
Los abogados de López y Pinilla han enfatizado que sus clientes son testigos esenciales y colaboradores de la justicia. La defensa de Olmedo López ha manifestado públicamente que «se debe proteger al señor Olmedo López en el centro de reclusión» y ha demandado investigaciones disciplinarias pertinentes. La misma defensa ha aclarado que no buscan libertad ni privilegios, sino la protección de la vida de un testigo esencial para el esclarecimiento de la verdad en el caso UNGRD. Además, han subrayado que no permitirán que López se convierta en un «testigo de bolsillo», y que declarará únicamente sobre lo que sabe y le corresponde.
🛒 Ofertas destacadas · Enlace de afiliado
🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →El abogado Luis Gustavo Moreno, representante de Sneyder Pinilla, ha reiterado que el INPEC está desacatando una orden judicial vigente que establece que su cliente debe permanecer en un centro de reclusión militar. Moreno ha insistido en que las decisiones judiciales deben ser respetadas y cumplidas, y que la vida e integridad de Pinilla, como testigo colaborador, deben ser garantizadas. Ha enfatizado la importancia de no desconocer las decisiones judiciales ni comprometer las garantías de quienes cooperan con la justicia.
Avances en la investigación: Embargos y patrimonio
Paralelamente a esta controversia sobre los traslados, la Fiscalía General de la Nación ha intensificado sus acciones contra el patrimonio de los implicados en el escándalo de la UNGRD. Se han embargado bienes millonarios relacionados con seis de los principales protagonistas de la trama de corrupción. Las medidas cautelares incluyen:
- Iván Leónidas Name Vásquez: Cuatro activos en Bogotá, Juan de Acosta (Atlántico), Villavicencio (Meta) y Sopó (Cundinamarca). En uno de los activos, la medida recae sobre el 33% de la propiedad.
- Andrés Calle Aguas: Cuatro inmuebles en Montería (Córdoba).
- Olmedo de Jesús López Martínez: Un inmueble en Medellín.
- Sneyder Pinilla Álvarez: Un predio en Sabana de Torres.
- Luis Eduardo López Rosero (‘El Pastuso’): Siete bienes en Pasto y Chachagüí (Nariño), y en Cúcuta (Norte de Santander).
- Pedro Rodríguez Melo: Un predio en Tabio (Cundinamarca).
El director especializado de Extinción de Dominio de la Fiscalía, Juan Felipe Cárdenas Restrepo, informó que se aplicaron medidas cautelares sobre 25 bienes, que comprenden 19 inmuebles y 6 sociedades. Estos activos están ubicados en diversas ciudades y municipios de Colombia, incluyendo Bogotá, Medellín, Montería, Pasto, Chachagüí, Sopó, Tabio, Cúcuta, Villavicencio y Sabana de Torres.
La Fiscalía ha estimado que las propiedades afectadas tienen un avalúo preliminar cercano a los 20.000 millones de pesos. Estas acciones, llevadas a cabo por agentes del CTI en conjunto con el Ejército Nacional, buscan identificar y verificar el patrimonio de los presuntos implicados en el direccionamiento de la contratación y la desviación de recursos destinados a obras de mitigación y atención de emergencias.
🛒 Ofertas destacadas · Enlace de afiliado
🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →
Comentarios recientes