Presidente De La Espriella Cuestionado por Asistir Armado a Evento Infantil

La asistencia del presidente Abelardo De La Espriella a un evento cultural con menores de edad, portando un arma de fuego, ha provocado una solicitud de intervención ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Isabel Vera, ha dirigido un requerimiento formal a Carolina Restrepo, directora del ICBF, instándola a actuar en defensa de los derechos de la infancia frente a este suceso.

Críticas por la Exposición de Menores

Según Vera, la presencia de un mandatario armado en espacios destinados a la infancia normaliza la violencia y contraviene normativas internacionales de protección a menores. «Le hago un llamado claro como directora del ICBF: proteja a nuestros niños y niñas. No es posible que en un evento cultural haya un civil y jefe de Estado portando un arma frente a ellos», enfatizó la congresista.

La representante añadió que esta situación «expone a la infancia y va contra el deber superior de protección de la Convención sobre los Derechos del Niño».

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Antecedentes y Postura Presidencial

Este incidente se suma a una serie de apariciones públicas de De La Espriella con un arma al cinto, incluidas recientes visitas a Santa Marta y otros actos en la región Caribe. El presidente ha justificado esta conducta como una manifestación de firmeza y apoyo a las fuerzas armadas.

Sin embargo, sectores de la oposición han expresado su preocupación por el impacto negativo de tales exhibiciones en entornos educativos y culturales.

Reacciones Adicionales

Daniel Rojas Medellín también cuestionó que un «civil y jefe de Estado» estuviera armado frente a niños, uniéndose a la petición de protección a la directora del ICBF.

Por su parte, Gustavo Petro señaló en una publicación que el «para presidente se le olvida que no es debido exponerse armado ante menores de edad», instándolo a «no enseñe violencias a los niños».

Falta de Respuesta Institucional

Hasta el momento, no ha habido una respuesta oficial por parte del ICBF ni de la Casa de Nariño al requerimiento presentado por la parlamentaria. El caso ha abierto un debate sobre las conductas presidenciales y la garantía de protección a la niñez, que exige que los servidores públicos aseguren espacios libres de armas para el desarrollo integral de los menores.