La Procuraduría General de la Nación emitió un concepto ante la Corte Constitucional respaldando la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica emitida por el Gobierno. Esta medida fue establecida a raíz del terremoto de magnitud 7,4, ocurrido el pasado 10 de agosto. No obstante, el ente de control solicitó una clarificación sobre el alcance territorial de dicha emergencia.
Sismo: hecho «imprevisible» que superó capacidad estatal
Según el concepto enviado al alto tribunal, el Ministerio Público determinó que los decretos 1261 y 1348 de 2026 cumplen con los requisitos constitucionales necesarios para mantener el estado de excepción. Uno de los argumentos centrales reside en la severidad del evento.
La Procuraduría calificó el sismo y la serie de réplicas subsiguientes como «imprevisibles, súbitos y extraordinarios», señalando que generaron serias afectaciones en diversos sectores. El documento destaca que, según los informes oficiales, el terremoto impactó en:
- Viviendas
- Vías
- Servicios públicos
- Infraestructura educativa
- Hospitales
- Aeropuertos
- Establecimientos penitenciarios y judiciales
- Sectores agropecuarios y ambientales
El ente de control concluyó que la magnitud de los daños excedió la capacidad de respuesta ordinaria del Estado. Se afirma que «las circunstancias que motivaron la declaratoria del estado de excepción golpearon de forma simultánea y desproporcionada a los territorios afectados».
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Otro punto clave en el concepto de la Procuraduría se relaciona con la insuficiencia de los mecanismos estatales habituales. El Ministerio Público dictaminó que las herramientas legales existentes para la atención de desastres resultaron inadecuadas frente a la escala, simultaneidad, dispersión geográfica y complejidad de los perjuicios ocasionados.
En el ámbito presupuestal, el concepto argumenta que existían limitaciones legales y financieras que impidieron al Gobierno movilizar los recursos necesarios con la celeridad requerida. La Procuraduría sostuvo que «los mecanismos ordinarios de gestión presupuestal resultan claramente insuficientes para atender una situación excepcional de gran magnitud».
Solicitud de precisión en delimitación territorial
A pesar de considerar que se cumplió el requisito de delimitación territorial, la Procuraduría solicitó a la Corte Constitucional que precise el alcance de la emergencia. El pedido es que esta comprenda los 496 municipios en los que la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres) reportó afectaciones, además de cualquier otro municipio en el que se pueda demostrar de manera concreta que fue afectado por el mismo fenómeno sísmico.
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