El ecosistema de Santurbán, vital fuente hídrica para más de dos millones y medio de personas, se encuentra nuevamente en el centro de una disputa ambiental tras la decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella de revocar medidas de protección que extendían su salvaguarda. La determinación, plasmada en la Resolución 1277 del 28 de septiembre de 2026 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, deroga la Resolución 0970, la cual prorrogaba la vigencia y cartografía de la Zona de Reserva de Recursos Naturales temporal en la zona hasta el año 2029.

Esta acción gubernamental, sumada a la revocatoria de la Resolución 0994 (posteriormente corregida a Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026), que había declarado una reserva de recursos naturales renovables de carácter definitivo en 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja (fuera de los límites del páramo), ha provocado una fuerte reacción del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Según el colectivo, estas decisiones, incluyendo la derogación de la protección ambiental para 1.500 hectáreas contiguas al páramo, abren la puerta para que la multinacional Aris Mining presente su solicitud de licencia ambiental el próximo año para la explotación de oro en el área.

Revocatoria y sus implicaciones

El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, argumentó que las medidas revocadas por la actual administración habían sido decisiones «exprés» del Gobierno antecesor de Gustavo Petro, tomadas a última hora y sin la debida participación de las comunidades involucradas. El ministro señaló que un juez incluso ordenó rehacer el proceso debido a estas irregularidades, afirmando que «El agua y la biodiversidad se protegen con ciencia y el derecho a la participación de todos, no con decisiones de última hora para favorecer intereses políticos de unos pocos».

La revocatoria de la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, que había declarado una reserva definitiva en 1.499 hectáreas, fue seguida por la expedición de la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026. Esta última, en lugar de mantener la protección de forma inmediata, abrió una nueva etapa en la que el Gobierno de Abelardo De La Espriella busca una protección ambiental basada en la ciencia y el derecho, construida con las comunidades.

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Con la entrada en vigencia del nuevo acto administrativo, las determinaciones sobre la reserva temporal quedan supeditadas a las directrices previas de 2025. Esto implica que tanto las autoridades ambientales locales como la Agencia Nacional de Minería deberán actualizar sus registros en el Sistema Integral de Gestión Minera.

Rechazo ambiental y llamados a la movilización

El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán expresó su rechazo inmediato a las acciones del Gobierno. La organización denunció que en menos de dos meses de la actual administración se han desmontado tres medidas orientadas a la salvaguarda de este territorio. El colectivo ciudadano criticó que, mientras el país enfrentaba otras emergencias, el Ministerio de Ambiente aprovechó para «tumbar» resoluciones clave.

Los voceros ambientales han establecido el 13 de noviembre como la fecha límite para que el Ejecutivo publique a consulta un proyecto que declare formalmente la reserva natural definitiva para el páramo. En caso de no recibir garantías institucionales firmes para la protección del agua en los departamentos de Santander y Norte de Santander, los grupos ambientalistas han anunciado que convocarán a movilizaciones masivas hacia la capital del país.

De fondo, persiste la problemática de la delimitación precisa del páramo de Santurbán, una tarea pendiente desde 2017, cuando la Corte Constitucional ordenó realizarla con la participación de todas las comunidades, incluyendo la de Bucaramanga. Esta delimitación es crucial para establecer con claridad dónde comienza y dónde termina la zona de protección, un desafío que ahora recae en un Gobierno que ha manifestado apoyo a las industrias extractivas.

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