El abogado Santiago Trespalacios inició este lunes la refutación a los señalamientos formulados por la Fiscalía General de la Nación contra su cliente, Miguel Quintero. Quintero ha sido imputado como presunto responsable de un esquema de corrupción que habría operado en la contratación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) entre los años 2019 y 2023.
La defensa busca impedir que un juez de control de garantías imponga medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Miguel Quintero. El jurista ha enfatizado que su cliente se enteró de la indagación fiscal a través de una publicación en redes sociales del alcalde Federico Gutiérrez, sin haber recibido notificación oficial alguna.
La Tesis de la Fiscalía en el Caso AMVA
La fiscal Magda Sofía Ramírez sostiene la teoría de que Miguel Quintero habría estructurado una red dedicada a direccionar contratos de manera irregular. Estos acuerdos, presuntamente otorgados por el AMVA, habrían beneficiado al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, que en ese periodo era liderado por Misael Cadavid.
La investigación apunta a un total de seis contratos que sumaron 17.657 millones de pesos. De este monto, se estima que 2.481 millones de pesos habrían sido desviados ilegalmente a particulares, incluyendo al procesado.
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →Según la Fiscalía, Miguel Quintero, conocido supuestamente con los alias de ‘Mr. M.’ y ‘jefe’ dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, habría estado detrás de estas operaciones, a pesar de no ostentar un cargo oficial en la entidad. Se le atribuye haber recomendado perfiles como los de Álvaro Villada y Laura María Mejía para la consecución de contratos, de los cuales se habría beneficiado.
Argumentos de la Defensa sobre Presuntas Irregularidades
El abogado Trespalacios ha puesto en cuestión la legalidad del proceso investigativo. Ha señalado que, hace meses, al indagar en la Fiscalía sobre la situación de su cliente, se le informó que no existían investigaciones pendientes contra él. Incluso, un fiscal, que posteriormente sería identificado como Rodolfo Sánchez y luego reemplazado por Magda Sofía Ramírez en el caso, habría manifestado que «cuando yo esté investigando a Miguel por supuesto que se lo haré saber».
Un punto central en la argumentación del penalista es que «todo acto investigativo en el que haya habido control posterior y se haya debido citar entonces a Miguel, es ilegal» desde noviembre de 2025.
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