Corte ordena garantizar recursos y cálculo técnico para UPC de 2027

La Corte Constitucional ha emitido una orden al Gobierno nacional para asegurar la suficiencia de recursos y la precisión técnica en la determinación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 2027. Esta medida busca prevenir futuras deficiencias en la financiación de los servicios de salud.

La UPC representa el valor que el sistema de salud asigna por cada afiliado para cubrir los servicios y tecnologías incluidos en el Plan de Beneficios en Salud. La decisión de la Corte establece los parámetros que deberán seguirse para la vigencia de 2027.

Directrices Preventivas de la Corte

El magistrado Carlos Camargo, miembro de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, explicó que esta determinación tiene un carácter preventivo. Su objetivo es evitar que se repitan las deficiencias observadas en años anteriores. Según Camargo, el auto judicial no implica una nueva evaluación de las órdenes vigésima primera y vigésima segunda de la mencionada sentencia, sino que se fundamenta en conclusiones previas ya establecidas por la Corte.

Obligaciones para el Ministerio de Salud

La Corte reiteró al Ministerio de Salud diversas obligaciones clave:

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Mejorar la información utilizada para el cálculo de la UPC.
Demostrar técnicamente que el valor fijado es suficiente para cubrir las necesidades.
Avanzar en la reducción de la diferencia entre las UPC de los regímenes contributivo y subsidiado, a menos que exista una justificación técnica sólida para mantener una brecha mayor.

Asimismo, se enfatizó que el cálculo de la UPC debe realizarse con información suficiente y confiable. Una vez determinadas técnicamente las necesidades de financiación del sistema, estas deben contar con el respaldo presupuestal correspondiente.

Restricciones Presupuestales y el Derecho Fundamental a la Salud

El magistrado Camargo subrayó que una restricción presupuestal preestablecida no puede ser el único motivo para fijar una UPC inferior al valor técnicamente necesario para financiar los servicios de salud. La Corte Constitucional recordó que la salud es un derecho fundamental autónomo, y su garantía no puede ser limitada por barreras injustificadas.

Implicaciones para el Ministerio de Hacienda

La orden judicial también concierne al Ministerio de Hacienda. Esta cartera deberá:

Adoptar las medidas presupuestales y financieras necesarias.
Garantizar la disponibilidad y el giro oportuno de los recursos destinados a financiar la UPC de 2027, conforme a las necesidades que el Ministerio de Salud determine técnicamente.

La decisión judicial, de cara a 2027, se centra en que el valor de la UPC esté sustentado en información confiable y que cuente con los recursos requeridos para financiar la atención de los afiliados.