El Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha presentado una solicitud formal ante la Corte Constitucional para que se active un incidente de impacto fiscal. Esta medida busca evaluar las implicaciones financieras de la sentencia relacionada con la Ley 2381, cuya entrada en vigencia está programada para el 1 de abril de 2027.
Advertencia sobre partidas presupuestales no incorporadas
La cartera económica argumenta que las partidas presupuestales requeridas por la Ley 2381 no pudieron ser incorporadas en la planeación ordinaria del Estado. Según el Ministerio, la decisión del alto tribunal fue comunicada la noche del 25 de agosto, apenas dos días antes de que el Ejecutivo radicara el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia de 2027 ante el Congreso. Para esa fecha, la estructura presupuestal ya se encontraba cerrada, cumpliendo con las reglas vigentes.
Estimaciones de giros adicionales y riesgo fiscal
Las proyecciones técnicas realizadas por el Ministerio de Hacienda indican que la implementación del modelo a partir de abril de 2027 demandará giros adicionales por un monto de 5 billones de pesos. Estos recursos estarían destinados exclusivamente a Colpensiones. El Ministerio subraya que este faltante podría comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de la regla fiscal del país.
El Ministerio de Hacienda enfatizó que estas necesidades de capital deben ser compatibles con el espacio fiscal real de la Nación. Asimismo, deben incorporarse con rigor en los siguientes instrumentos:
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Esta incorporación debe respetar los plazos orgánicos establecidos por la Constitución.
Incertidumbre sobre el costo definitivo
La solicitud del Ministerio también resalta que, en la actualidad, no existe una certeza absoluta sobre el costo definitivo del sistema pensional. Esta situación se debe a que aún están en curso discusiones jurídicas e inciden probables decisiones sobre la exequibilidad o inexequibilidad de varios articulados clave de la Ley. Dichas variaciones podrían alterar sustancialmente el escenario prestacional y financiero del país.
Por ello, la cartera de Hacienda ha manifestado la urgencia de adecuar los instrumentos de programación monetaria. Sin embargo, aclaró que esta adecuación no pretende modificar el contenido sustantivo de las decisiones judiciales ya expedidas por la magistratura.
Coincidencia con solicitud de Colpensiones
La iniciativa de revisión fiscal por parte de la administración económica coincide con una petición previa formulada por las directivas de Colpensiones. Dicha entidad había sugerido postergar por doce meses la entrada en funcionamiento de la reforma pensional.
Con la apertura de este incidente, la Corte Constitucional deberá determinar si convoca a una audiencia pública para escuchar los conceptos de sostenibilidad y definir el margen de maniobra del presupuesto público.
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