Minambiente y Fiscalía intensifican lucha contra delitos ambientales

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente) y la Fiscalía General de la Nación han formalizado un acuerdo para fortalecer la acción estatal frente a los delitos ambientales. La iniciativa busca desarticular las organizaciones criminales que impactan los ecosistemas del país.

Estrategia conjunta contra el crimen ambiental

Gustavo Guerrero, viceministro de Políticas y Normalización Ambiental, se reunió con Javier Quiñones, director de Medio Ambiente de la Fiscalía. El propósito central de este encuentro fue consolidar una estrategia que permita enfrentar de manera más efectiva a las estructuras criminales que amenazan el patrimonio natural.

Según el Ministerio, el desafío actual radica en la necesidad de pasar «del discurso a la acción» para lograr la desarticulación de las economías ilegales que sistemáticamente destruyen los recursos naturales. Este enfoque conjunto busca traducir las intenciones en resultados tangibles en la lucha contra la criminalidad ambiental.

Incremento de la deforestación en la Amazonía

La región amazónica colombiana ha experimentado un aumento significativo en la deforestación. Datos del Ideam revelan que, para el primer trimestre de 2026, se deforestaron 37.660 hectáreas en esta zona. Esta cifra representa el 76% de la pérdida total de bosques en el país durante ese período.

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Comparativamente, las 37.660 hectáreas deforestadas en la Amazonía durante los primeros tres meses de 2026 superan en 10.608 hectáreas lo registrado en el mismo lapso de 2025, lo que se traduce en un incremento del 40%. La magnitud de esta deforestación es comparable al total de hectáreas perdidas en toda la Amazonía durante el año 2023, periodo en el que se había registrado una «caída histórica» en los índices.

Regiones y causas de la deforestación

El fenómeno de la deforestación se concentró principalmente en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta. Los municipios más afectados por esta problemática fueron Cartagena del Chairá (Caquetá), La Macarena (Meta), San Vicente del Caguán (Caquetá) y San José del Guaviare, junto con Calamar (Guaviare).

Las tres causas principales identificadas para este incremento son:

La praderización para el acaparamiento de tierras.
La ganadería extensiva.
La apertura de vías ilegales.

Expansión de la minería ilegal y sus impactos

La minería ilegal es otra preocupación creciente. Según un análisis de Fedesarrollo, esta actividad genera rentas criminales considerables que afectan la gobernanza institucional, el medioambiente y a las comunidades directamente impactadas por las organizaciones criminales. Uno de los efectos más graves en los ecosistemas es la contaminación de los cuerpos hídricos con mercurio.

Fedesarrollo estima que, si el crimen organizado dedicado a la extracción ilegal de oro operara como una empresa formal, se ubicaría entre las cinco compañías más grandes del país en términos de flujo de caja. Adicionalmente, se ha observado una diversificación de estas organizaciones hacia la extracción de minerales críticos, utilizados en la transición energética y de abastecimiento global escaso, como el cobre, niobio y tantalio, cuyo interés ha crecido debido al compromiso mundial con la descarbonización.

Situación de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR)

Durante el gobierno Petro, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) han reportado un debilitamiento en su capacidad operativa. Las quejas se centraron en la falta de recursos y herramientas necesarias para llevar a cabo sus funciones administrativas, de vigilancia y sanción en materia ambiental. Este contexto se dio mientras los índices de deforestación se mantenían altos y se retiraban los recursos de cooperación de Usaid.

El principal cuestionamiento del gobierno hacia las CAR ha sido su relación con la política tradicional, considerándolas en algunos casos «fortines burocráticos de los políticos regionales con presupuestos holgados». También se señala su capacidad para influir en la aprobación o restricción de grandes proyectos públicos y privados. En este escenario, las CAR han estado involucradas en múltiples escándalos de corrupción, al tiempo que muchas carecen de recursos suficientes para la vasta extensión de terreno que administran.