Colombia retira candidatura de Carolina Olarte a la CPI: ¿por qué?

El gobierno colombiano, en un movimiento discreto y sin notificación oficial a la afectada, ha retirado la candidatura de Carolina Olarte Bácares para ocupar un cargo como magistrada en la Corte Penal Internacional (CPI). La decisión, conocida por Olarte a través de un representante de un Estado Parte, se produce a pocos meses de que el tribunal escoja a seis nuevos magistrados cuyo periodo se extenderá hasta 2036, y deja a Colombia sin representación en un proceso clave de justicia internacional.

Retiro Inesperado y sus Implicaciones

Carolina Olarte, exembajadora de Colombia en los Países Bajos, fue postulada durante la administración Petro, nominada por los tres representantes del país ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA). Su candidatura no solo era destacada por su perfil, sino porque representaba la única postulación del Grupo de América Latina y el Caribe (Grulac) en la contienda, frente a más de diez candidatos globales.

La noticia del retiro llegó de manera informal a Olarte la semana pasada. «Este tipo de decisión trunca no solamente una aspiración personal, sino muy especialmente el derecho y aspiración que tiene Colombia de integrar, por primera vez en su historia, un órgano de decisión internacional que representa la lucha de muchos años en contra de la impunidad y en favor de la justicia internacional», declaró Olarte, quien manifestó desconocer las razones detrás de la decisión gubernamental.

El protocolo habitual para este tipo de comunicaciones implica una nota verbal a la Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes, que a su vez informa a los 125 Estados miembros del Estatuto de Roma. La ausencia de este procedimiento formal añade una capa de incertidumbre y preocupación sobre la transparencia y las motivaciones detrás del retiro.

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El Trayecto de una Candidatura Prometedora

Olarte había sido informada inicialmente de que su candidatura continuaría a pesar del cambio de gobierno, pues era considerada una postulación de Estado, dada su elección por los miembros colombianos de la CPA. Tras presentar su renuncia protocolaria a la Embajada en Países Bajos, Olarte se dedicó intensamente al proceso de cabildeo y evaluación.

Su proceso incluyó:

Reuniones con 72 embajadores de países representados ante la CPI.
Presentación de cuestionarios exhaustivos.
Un examen oral ante el comité de selección.

Según sus declaraciones, Olarte obtuvo uno de los puntajes más altos en este proceso, equiparándose con candidatos de Suiza, España y Gambia, lo que sugiere un alto nivel de idoneidad y preparación para el cargo.

Perfil de Carolina Olarte: Una Trayectoria Sólida

La trayectoria de Carolina Olarte Bácares es un reflejo de su profundo conocimiento y experiencia en derecho internacional y diplomacia. Es doctora en Derecho Internacional por la Universidad de París y, hasta el 18 de agosto pasado, se desempeñó como embajadora de Colombia en los Países Bajos, además de ser representante del país ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.

Su experiencia incluye:

Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana.
Participación en la Corte Permanente de Arbitraje, un organismo internacional dedicado a la resolución de controversias con sede en La Haya.
Coagente, junto con Eduardo Valencia, en el último caso de Nicaragua contra Colombia, relacionado con la plataforma continental, que Colombia ganó.

Este historial subraya el calibre de la candidata y la oportunidad que Colombia ha dejado pasar al retirar su postulación a un tribunal tan relevante.

El Contexto Diplomático y Judicial en Colombia

La decisión de retirar la candidatura de Olarte se inscribe en un momento de particular sensibilidad para la diplomacia y la justicia en Colombia. Tradicionalmente, el país ha buscado posicionarse en escenarios internacionales, especialmente aquellos relacionados con la justicia transicional y los derechos humanos, dadas sus propias experiencias con el conflicto armado interno y los procesos de paz.

La Corte Penal Internacional juega un papel crucial en la lucha contra la impunidad por crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad. Tener un magistrado colombiano en este tribunal no solo brindaría una voz nacional en decisiones de alcance global, sino que también fortalecería la imagen de Colombia como un actor comprometido con el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. El retiro de una candidatura tan calificada y avanzada, especialmente sin explicaciones claras, genera interrogantes sobre la coherencia de la política exterior colombiana y su estrategia en foros internacionales de justicia, impactando la percepción del país en este ámbito.