Bucaramanga y su área metropolitana, en el departamento de Santander, se encuentran en estado de máxima alerta tras una serie de graves amenazas dirigidas contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). La situación escaló a raíz del traslado de peligrosos jefes de estructuras criminales, procedentes de otras regiones del país, a la cárcel de Palogordo, ubicada en Girón.
Entre los reclusos de alto perfil trasladados se identifican a Digno Palomino, presunto miembro de la organización criminal conocida como ‘Los Pepes’, y alias ‘Firu’, quien estaría vinculado a las disidencias de Calarcá en Antioquia. La llegada de estos individuos ha generado una profunda preocupación entre las autoridades locales y departamentales, quienes buscan evitar que las confrontaciones y retaliaciones propias de las organizaciones criminales se arraiguen en el territorio santandereano.
Escalada de amenazas y el presunto «Plan Pistola»
La tensión se intensificó en las últimas 48 horas con el ataque armado sufrido por el dragoneante Derlin Fabián Chacón Páez en el barrio Alfonso López de Bucaramanga. Este incidente fue seguido por la aparición de panfletos amenazantes, atribuidos a una supuesta organización criminal autodenominada ‘La Estructura’, que intimida directamente a los trabajadores del sistema penitenciario.
Adicionalmente, un video que circula en redes sociales ha encendido todas las alarmas. En la grabación, un hombre encapuchado y armado profiere amenazas explícitas contra funcionarios del INPEC y menciona un presunto «plan pistola». El individuo advierte que «si siguen dando mala vida a los presos del plan domino, ellos no están sólo acá, está su gente. Cada muerto es responsabilidad del Inpec, empieza el plan pistola». Este material audiovisual, cuya autenticidad y origen son objeto de investigación por parte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, apunta a una grave intimidación organizada.
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →Otro indicio de la escalada de violencia fue el hallazgo de un cilindro en la vía de acceso a la cárcel de Palogordo, sumado a la aparición de pancartas con mensajes amenazantes, lo que refuerza la percepción de un riesgo inminente para el personal penitenciario.
Acciones y recompensas ante la crisis
Ante este panorama, las autoridades han reaccionado de forma contundente. Se ha anunciado una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca a la identificación y captura de los responsables de estos actos violentos y de las amenazas. Estos recursos provendrán de una contribución conjunta entre la Gobernación de Santander y los municipios del área metropolitana.
Juan José Gómez, secretario de Seguridad de Girón, y el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, han enfatizado la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en torno a los establecimientos penitenciarios y sus funcionarios. El gobernador Díaz Mateus ha sido claro en su advertencia: los problemas generados por estructuras criminales en otras zonas del país no pueden ser trasladados ni replicados en Santander.
Las autoridades mantienen activados los protocolos de seguridad para el personal penitenciario y analizan la existencia de una amenaza concreta que pudiera afectar la integridad de los dragoneantes y demás trabajadores del INPEC.
Contexto regional: La compleja dinámica criminal en Santander
Santander, y en particular su capital Bucaramanga, ha experimentado en los últimos años una compleja dinámica en la configuración de sus estructuras criminales. Tradicionalmente afectada por el microtráfico y la delincuencia común, la región ha visto un incremento en la presencia e influencia de grupos criminales organizados, algunos con ramificaciones nacionales. La estratégica ubicación geográfica del departamento lo convierte en un corredor importante para diversas actividades ilícitas, atrayendo la atención de organizaciones que buscan expandir su control territorial o sus redes de operación.
La llegada de cabecillas de alto perfil a cárceles como Palogordo, aunque es una medida orientada a desarticular estructuras criminales en sus lugares de origen, también genera el riesgo de trasladar los conflictos y las disputas por el poder a los centros penitenciarios y, por extensión, a las comunidades cercanas. Este fenómeno no es exclusivo de Santander; otras regiones de Colombia han enfrentado desafíos similares con el reagrupamiento de presos de alta peligrosidad, lo que a menudo desemboca en retaliaciones externas, corrupción interna y el surgimiento de nuevos focos de violencia. La alerta actual en Santander es un reflejo de esta constante tensión entre el control estatal y la capacidad de adaptación y resistencia de las organizaciones criminales.
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