ELN acusa a policías de Dijín de vínculos con disidencias en Norte de Santander

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), a través de su Frente de Guerra Nororiental, ha emitido un comunicado con graves implicaciones para la seguridad y la institucionalidad colombiana. Según el grupo guerrillero, los tres agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, secuestrados desde el pasado 17 de agosto de 2026, habrían confesado nexos y colaboración con el Frente 33 de las disidencias de las FARC.

Los uniformados en cautiverio han sido identificados como el mayor Freddy Russi, la patrullera Erika Tatiana Monroy y el patrullero Yesid Medina. Fueron interceptados cuando se desplazaban por tierra en la vía que conecta Ocaña con Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander. Con ellos viajaba Angi Jácome, una mujer civil a quien el ELN vincula sentimentalmente con alias «Andrey Avendaño», presunto cabecilla del Frente 33 de las disidencias, y a quien señalan como un posible enlace con dicha organización.

La versión del ELN y las confesiones bajo cautiverio

El comunicado del ELN sostiene que tanto la información decomisada durante la captura como las declaraciones obtenidas de los retenidos «evidenciarían» un supuesto apoyo policial, intercambio de inteligencia e incluso la realización de interceptaciones telefónicas para planear y ejecutar acciones contra la estructura guerrillera. Estos señalamientos, realizados bajo condiciones de secuestro, carecen de verificación independiente y han sido rechazados por estamentos de la Fuerza Pública.

La guerrilla ha reiterado que los cuatro individuos se encuentran en buenas condiciones de salud, pero ha dejado claro que su liberación no será inmediata. El ELN ha planteado públicamente la posibilidad de un canje de los secuestrados y ha emplazado a los mandos militares y policiales del país a pronunciarse sobre las delicadas acusaciones emitidas por la organización armada ilegal.

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Contexto del secuestro y la compleja situación en Norte de Santander

El secuestro de los policías de la Dijín no es un hecho aislado, sino que se enmarca en la compleja y volátil situación de seguridad que se vive en Norte de Santander, una de las regiones más afectadas por la violencia en Colombia. Este departamento, fronterizo con Venezuela, es un corredor estratégico para el narcotráfico y otras economías ilegales, lo que propicia la constante disputa territorial entre diversos grupos armados.

Históricamente, Norte de Santander ha sido escenario de la presencia y confrontación de guerrillas como el ELN, facciones de las extintas FARC (ahora disidencias), y grupos paramilitares. La particularidad de la región del Catatumbo, una subregión dentro del departamento, la convierte en un epicentro de esta violencia. La pobreza, la ausencia estatal efectiva en muchas zonas rurales y la dependencia de cultivos ilícitos, principalmente la coca, alimentan un ciclo de violencia y control por parte de estos actores armados.

En este escenario, la coexistencia y a veces la connivencia entre diferentes actores armados, y las denuncias de infiltración o corrupción dentro de la Fuerza Pública, son recurrentes y profundizan la desconfianza ciudadana y la crisis de seguridad. La presencia de grafitis alusivos a las FARC-EP en el vehículo de los secuestrados, inicialmente atribuidos por inteligencia militar a una maniobra de distracción del ELN para desviar la atención, subraya la intrincada red de intereses y operaciones en la zona.

Reacciones oficiales y el rechazo a un canje

Desde el momento del secuestro, las autoridades colombianas han atribuido la acción al ELN, a pesar de las iniciales confusiones generadas por los grafitis. La inteligencia militar y de la Policía ha sido enfática en descartar la participación directa de las disidencias en la interceptación inicial, aunque ahora se plantea la acusación de colaboración.

La Gobernación de Norte de Santander ofreció una recompensa de hasta $20 millones por información que permitiera la ubicación de los uniformados. Sin embargo, la propuesta del ELN de un «canje» ha sido rotundamente rechazada por figuras públicas y representantes legales.

El abogado Abelardo de la Espriella, entre otros, ha manifestado una postura clara al afirmar que los policías «no son moneda de negociación», aludiendo a la inadmisibilidad de pactar con grupos armados ilegales bajo estas circunstancias. El presidente de la República también ha confirmado la retención y ha enfatizado que la Fuerza Pública intensificará las operaciones para lograr su rescate.

Próximos pasos en la crisis de seguridad

Este episodio, con las graves acusaciones emitidas por el ELN, añade una capa de complejidad a las ya tensas negociaciones de paz entre el Gobierno y esta guerrilla. La exigencia de un canje y las denuncias de corrupción y colaboración entre disidencias y miembros de la fuerza pública, aunque sin pruebas independientes, buscarán generar presión en la opinión pública y en la mesa de diálogo. La sociedad colombiana y la comunidad internacional observan con atención el desarrollo de este caso y sus repercusiones en la seguridad nacional.