Drones kamikaze: Colombia enfrenta amenaza sin solución 100% efectiva

El reciente incidente en Candelaria, Valle del Cauca, donde drones tipo kamikaze impactaron una estructura de protección de un radar, ha puesto de manifiesto la creciente sofisticación de los grupos armados ilegales en Colombia. Este ataque no solo resalta la adaptación tecnológica de estas organizaciones, sino también las dificultades que enfrenta el Estado para neutralizar una amenaza en constante evolución.

La persistencia y evolución de una amenaza subestimada

Camilo Mendoza, mayor retirado de la Fuerza Aérea Colombiana, autor de «Amenaza Drone» y consultor en defensa, desmintió la percepción de que el uso de drones letales por parte de grupos ilegales es un fenómeno reciente. Según Mendoza, esta práctica data de 2018, lo que sugiere una «respuesta retardada y reactiva» por parte de las autoridades, a pesar de reconocer la labor constitucional de la Fuerza Pública.

La adaptación tecnológica de estos grupos se ha caracterizado por una dinámica de prueba y error. Inicialmente, emplearon drones comerciales de marcas comunes, como DJI, modificándolos para vigilancia y, posteriormente, dotándolos de explosivos artesanales. La evolución continuó con el uso de drones FPV (First Person View), similares a los vistos en conflictos internacionales como el de Ucrania, y equipos de ala fija. Esta capacidad de cambiar constantemente de plataforma impide a las autoridades identificar un patrón específico para su neutralización, dificultando una respuesta eficaz.

Capacitación internacional y redes de apoyo

Un aspecto preocupante, revelado por Mendoza, es la capacitación que integrantes de grupos ilegales estarían recibiendo fuera de Colombia. Desde hace más de dos años, se tiene conocimiento de que elementos de las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo han viajado a lugares como Ucrania para entrenarse en la configuración, construcción y pilotaje de estos dispositivos. Este conocimiento es luego replicado en «escuelas ilegales» dentro del país.

🛒 Ofertas destacadas · Enlace de afiliado

Adicionalmente, la inteligencia militar y policial ha identificado estructuras internacionales que brindan apoyo tecnológico y logístico a estos grupos. La existencia de mecanismos para reclutar y atraer menores a estas actividades agrava aún más el panorama, indicando una red de operación compleja y bien organizada.

La brecha legal y la ineficacia de las restricciones

Mendoza destacó una asimetría fundamental en la lucha contra esta amenaza: mientras la Fuerza Pública está sujeta a la ley y sus restricciones, los grupos ilegales operan sin ellas. Esta libertad les permite adquirir y modificar drones a su voluntad, atacando personas e instituciones sin impedimentos legales. Las restricciones actuales sobre el uso de drones, paradójicamente, afectan más a los usuarios legales (fotógrafos, videógrafos, etc.) que a las organizaciones criminales.

La facilidad con la que los grupos ilegales adquieren estos equipos, financiados por sus rentas ilícitas y traficados a través de las fronteras, demuestra la limitada efectividad de las normativas vigentes para contener su accionar. No se trata, según Mendoza, de un problema de corrupción en las autoridades, sino de la facilidad con que los recursos ilícitos superan las barreras regulatorias.

Sistemas antidrones: una solución parcial

A pesar de la complejidad, los sistemas antidrones no son inútiles, como algunos titulares sugieren. El mayor retirado afirmó que estos sistemas han sido efectivos para prevenir masacres en instalaciones policiales y militares, así como en áreas civiles adyacentes. Sin embargo, enfatizó que:

No existe un sistema antidrones 100% efectivo en Colombia ni en ninguna otra parte del mundo.
La efectividad radica en la combinación de tecnologías y estrategias, no en una única solución.
Colombia cuenta con capacidades nacionales significativas en el desarrollo de estos sistemas, que incluso se exportan, pero no siempre se valoran internamente.

Contexto en el suroccidente colombiano: un epicentro de conflicto

El Valle del Cauca, epicentro del reciente ataque, junto con el Cauca y Nariño, forma parte de una región históricamente estratégica y conflictiva en Colombia. La presencia de cultivos ilícitos, corredores de narcotráfico hacia el Pacífico y la persistencia de grupos armados como las disidencias de las FARC y el ELN, han convertido al suroccidente en un escenario de alta volatilidad. La geografía montañosa y selvática facilita la movilidad y el ocultamiento de estas estructuras, que aprovechan la debilidad institucional y la desigualdad socioeconómica para reclutar y consolidar su poder. En este contexto, la introducción de tecnologías avanzadas como los drones representa una nueva capa de complejidad para la seguridad, permitiendo a los actores ilegantes golpear objetivos estratégicos con mayor precisión y reduciendo la exposición de sus combatientes, lo que complica aún más los esfuerzos de pacificación y control territorial del Estado.

Hacia una respuesta integral

Mendoza concluye que la amenaza de los drones no es un problema exclusivo de la Policía o las Fuerzas Militares. Requiere una «respuesta nacional estructural» que involucre a diversos sectores y que vaya más allá de la simple adquisición de equipos. Es fundamental:

Fomentar el desarrollo y la implementación de capacidades nacionales en tecnologías antidrones.
Establecer una estrategia integral que considere el factor humano, la inteligencia y la innovación tecnológica.
Coordinar esfuerzos entre diferentes entidades estatales para abordar la amenaza de manera holística.

La adaptación de los grupos armados a las nuevas tecnologías exige que el Estado colombiano no solo iguale, sino que anticipe y supere estas capacidades para salvaguardar la seguridad nacional.