Colombia afronta una coyuntura crítica ante la reciente emergencia sísmica, la cual ha reavivado un debate significativo sobre la gestión de riesgos en el país. Se ha puesto en evidencia que, desde febrero de 2021, la nación perdió una cobertura financiera de hasta 400 millones de dólares diseñada específicamente para mitigar el impacto económico de un terremoto. Esta protección, instrumentada a través de un bono catastrófico con el Banco Mundial, no fue renovada por el gobierno de entonces, ni ha sido restablecida por la administración actual.

Origen y Vigencia de la Cobertura Sísmica

El instrumento financiero en cuestión fue un bono catastrófico, estructurado por el Banco Mundial y enmarcado en una iniciativa de la Alianza del Pacífico. Su objetivo principal era ofrecer una protección financiera ágil ante eventos sísmicos de gran magnitud, permitiendo a Colombia, junto con otros países de la región, transferir parte del riesgo asociado a estos desastres al mercado financiero internacional. Este bono tuvo una vigencia de tres años, culminando el 15 de febrero de 2021.

A diferencia de un seguro tradicional, este era un instrumento paramétrico. Esto significa que un desembolso no dependía de una evaluación de daños posterior, sino de que el evento sísmico cumpliera con parámetros técnicos preestablecidos, como magnitud y profundidad en ubicaciones específicas. Durante su periodo de validez, Colombia no activó esta cobertura, aunque Perú, otro país beneficiario de la Alianza del Pacífico, sí pudo acceder a fondos tras un terremoto ocurrido en 2019.

La No Renovación en el Gobierno Duque: Razones y Repercusiones

La decisión de no renovar el bono catastrófico se tomó bajo la administración del expresidente Iván Duque, con Alberto Carrasquilla ocupando el cargo de ministro de Hacienda en ese momento. Se manejan dos explicaciones principales para esta determinación:

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  • Priorización de Riesgos Hidrometeorológicos: Una de las versiones sugiere que el gobierno de entonces consideró más apremiante proteger al país de fenómenos climáticos recurrentes como El Niño y La Niña, dada su mayor frecuencia e impacto en diversas regiones del territorio colombiano. Esta visión implicaba una reorientación de los recursos y esfuerzos hacia la mitigación de inundaciones, sequías y otros eventos asociados.
  • Limitaciones Presupuestarias: Otra hipótesis apunta a la falta de recursos para cubrir la prima de renovación del bono. Se especulaba que el costo de esta prima podría haber sido considerablemente elevado, especialmente dadas las condiciones volátiles del mercado financiero global durante la pandemia de COVID-19, lo que pudo haber dificultado su inclusión en el presupuesto nacional.

Blu Radio intentó obtener declaraciones de Alberto Carrasquilla al respecto, pero no obtuvo respuesta. La ausencia de esta cobertura, que ascendería a 400 millones de dólares, ha sido calificada como «infortunada» por Sergio Díaz-Granados, presidente de CAF, quien enfatiza que Colombia ahora debe recurrir a mecanismos disponibles como seguros privados y recursos públicos para enfrentar las emergencias actuales.

El Contexto Sísmico de Colombia y la Necesidad de Preparación

Colombia, situada en la región noroccidental de América del Sur, es un país geológicamente activo. Se encuentra en la intersección de tres placas tectónicas principales: la Placa de Nazca, la Placa del Caribe y la Placa Sudamericana. Esta configuración la hace particularmente vulnerable a la actividad sísmica y volcánica. La zona de subducción del Pacífico, donde la Placa de Nazca se sumerge bajo la Sudamericana, es una fuente constante de sismos, especialmente en el suroccidente del país, incluyendo regiones como Nariño, Cauca y Valle del Cauca, así como la región cafetera.

Eventos como el reciente terremoto que afectó principalmente al occidente y la región cafetera, y que tuvo su epicentro en Chocó, aunque con mayores repercusiones en áreas como Pereira y Dosquebradas, donde se han registrado pérdidas humanas significativas, recuerdan la imperiosa necesidad de instrumentos de gestión de riesgo robustos. La memoria del terremoto de 1999 en el Eje Cafetero, que cobró la vida de 1.185 personas, es un recordatorio sombrío de la vulnerabilidad del país.

Aunque el gobierno actual del presidente Gustavo Petro tampoco ha restablecido la cobertura sísmica, un documento reciente del Banco Mundial confirma que la evaluación de instrumentos se ha centrado en riesgos hidrometeorológicos. Esto subraya una tendencia en la priorización de riesgos, la cual es objeto de análisis en el contexto de las recientes emergencias.

Retos Actuales y Futuros en la Gestión de Riesgos

Ante la falta de una cobertura financiera específica para sismos de gran magnitud, el país debe enfrentar la actual emergencia con los recursos disponibles, lo que implica una mayor presión sobre las finanzas públicas y una dependencia de la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Las labores prioritarias se concentran en la búsqueda y rescate, la atención a heridos y la identificación de necesidades básicas para las comunidades afectadas.

Este escenario plantea un desafío ineludible para las autoridades colombianas. La discusión sobre si es preferible una cobertura general para desastres naturales o instrumentos específicos para tipos de riesgo, como sismos o eventos hidrometeorológicos, es fundamental. La experiencia reciente subraya la urgencia de reevaluar las estrategias de gestión financiera de riesgos, buscando un equilibrio que garantice la protección del país ante la diversidad de amenazas que enfrenta su complejo territorio.

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