Magistrado Fernández, bajo la lupa por chats del caso UNGRD

La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia ha radicado formalmente una denuncia y queja disciplinaria ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández. Esta acción surge a raíz de revelaciones periodísticas que exponen chats vinculando al magistrado con un episodio no investigado del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el que Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, aparece como protagonista.

La denuncia, interpuesta por Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red Ver, solicita iniciar una investigación penal y disciplinaria para determinar si Fernández incurrió en responsabilidades por delitos como prevaricato, tráfico de influencias u otros, derivados de su presunta intermediación en un encuentro clave entre Pinilla y la abogada Irma Solangel Torres. El caso pone en el foco la actuación de la Fiscalía General de la Nación, que, según las revelaciones, tuvo acceso a estas conversaciones desde 2024 pero no las compulsó a la autoridad competente para investigar al magistrado.

Origen y detalles de la controversia

La base de la denuncia radica en una investigación publicada el 13 de septiembre, que desglosó seis horas de comunicaciones extraídas del teléfono de Sneyder Pinilla. La secuencia temporal establece un vínculo directo entre Pinilla, Olmedo López (exdirector de la UNGRD) y el magistrado Vladimir Fernández, junto a la abogada Irma Solangel Torres, quien es conjuez de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y cercana a Fernández.

Los hechos se remontan al 9 de enero de 2024, cuando Pinilla le comentó a su pareja sobre la necesidad de «entregar $» antes de abordar un vuelo a Bogotá. Posteriormente, los chats revelan una coordinación minuciosa entre López y Fernández para guiar a Pinilla hasta el apartamento de Torres en Bogotá. A las 5:35 p.m., López le pidió a Fernández la dirección, y este le proporcionó los datos exactos del apartamento de Torres: «Primer piso», «La señora Sol», «112» y «torre 2». López, a su vez, reenvió esta información a Pinilla.

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La cronología de los mensajes sugiere que Fernández estuvo pendiente de la llegada de Pinilla, enviando un signo de interrogación a López, quien luego confirmó que Pinilla ya estaba «en sitio». Este lapso de aproximadamente diez minutos es el que la denuncia sugiere como el momento de la presunta entrega de dinero. El certificado de tradición y libertad del inmueble confirma que el apartamento 112 de la torre 2 pertenece a Torres.

La explicación del magistrado y las preguntas sin resolver

Cuando fue consultado sobre estos hechos, el magistrado Fernández inicialmente afirmó no recordarlos. Sin embargo, posteriormente ofreció una explicación: indicó que en diciembre de 2023, siendo Secretario Jurídico de la Presidencia, Olmedo López le expresó su preocupación por una posible suspensión de la Contraloría. Fernández aseguró haberle recomendado los servicios profesionales de la abogada Torres, experta en derecho administrativo, y que la dirección fue suministrada para ese fin.

No obstante, esta explicación ha generado interrogantes fundamentales:

¿Por qué fue Sneyder Pinilla, y no Olmedo López, quien se dirigió al apartamento de la abogada?
¿Qué implicaba el mensaje previo de Pinilla sobre tener que «entregar $» y cómo se relaciona con este encuentro?
¿Por qué el magistrado Fernández mostró un interés particular en confirmar la llegada de Pinilla al «sitio»?

Los chats, por sí solos, no confirman la entrega de dinero ni su propósito, pero la Red Ver busca que una investigación judicial determine si hubo irregularidades.

La inacción de la Fiscalía y el concepto de hallazgo casual

Uno de los aspectos más críticos de la situación es la aparente inacción de la Fiscalía General de la Nación. Las conversaciones estuvieron en poder de la entidad desde 2024, pero no se abrió una línea de investigación independiente sobre el magistrado. La fiscal María Cristina Patiño, a cargo del caso UNGRD, argumentó que la extracción de datos telefónicos de Pinilla se realizó bajo una matriz de colaboración de 27 nombres y que, al no estar Fernández en esa lista, no podían usar la información en la negociación.

Cuatro exfiscales generales, consultados sobre el tema, contradijeron esta interpretación. Señalaron que la aparición fortuita de evidencias de un posible delito o de la participación de una persona ajena al proceso inicial constituye un «hallazgo casual». Si la información se obtiene lícitamente, la ley exige preservar la evidencia y poner los hechos en conocimiento de la autoridad competente para una investigación independiente. Esta directriz no fue seguida en este caso.

El contexto de la corrupción y el sistema judicial colombiano

La denuncia contra el magistrado Vladimir Fernández por su presunta implicación en el escándalo de la UNGRD no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la corrupción en las altas esferas del poder en Colombia. Casos como el de la UNGRD, que ha expuesto una red de sobornos y malversación de fondos públicos, afectan directamente la confianza ciudadana en las instituciones. La investigación aforada de magistrados de Altas Cortes, como en este caso, recae en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, una instancia que históricamente ha sido señalada por la lentitud o la falta de resultados en los procesos contra altos funcionarios. Esta dinámica procesal, junto con el desafío de la Fiscalía para actuar proactivamente ante «hallazgos casuales» que involucran a aforados, resalta las complejidades y las debilidades estructurales del sistema judicial colombiano para combatir eficazmente la corrupción cuando esta toca a las figuras más poderosas del Estado.

Próximos pasos en la investigación

La denuncia de la Red Ver cita expresamente disposiciones del Código Penal relativas a cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por omisión y omisión de denuncia de servidor público, además de normas del Código General Disciplinario. La mención de estas conductas no implica la culpabilidad de Fernández, sino que busca que la Comisión de Acusaciones determine si hay mérito para investigar y, en su momento, establecer responsabilidades.

La primera decisión fundamental está ahora en manos de esta comisión. La solicitud de la Red Ver es clara: que se abra una investigación formal y que la organización sea informada sobre el progreso del expediente. Pablo Bustos, presidente de la Red Ver, ha manifestado su disposición a ampliar la denuncia si fuera necesario.

El caso, que permaneció oculto en el expediente de la UNGRD durante más de dos años, ha sido visibilizado por la opinión pública, obligando a las autoridades a poner la lupa sobre un episodio que, hasta ahora, no había sido investigado.