El Gobierno Nacional ha expedido una resolución que modifica sustancialmente el funcionamiento de los sistemas de fotodetección utilizados como apoyo al control en vía, conocidos popularmente como «carros cazafotomultas». La medida central establece la obligatoriedad de la presencia de un agente de tránsito visible e identificado al momento de utilizar estos dispositivos para la imposición de comparendos. Esta determinación, que busca regular y transparentar el proceso sancionatorio en las carreteras colombianas, entra en vigor tras un período de revisión y cuestionamientos sobre la legalidad y el propósito de algunos de estos sistemas.
La resolución clave: presencia humana y visibilidad
La nueva normativa, firmada por el Ministerio de Transporte, deroga la Circular 867 del 24 de diciembre de 2025. Según la cartera de transporte, la circular anterior generaba confusión al homologar las cámaras automáticas de fotodetección (equipos fijos, previamente autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV) con los dispositivos tecnológicos móviles empleados como apoyo a la labor de los agentes de tránsito. Esta interpretación ambigua habría permitido la emisión de comparendos sin la supervisión directa de una autoridad, generando un vacío legal y abriendo la puerta a posibles irregularidades.
Las implicaciones prácticas de la nueva resolución son directas:
- Los vehículos equipados con cámaras para detectar infracciones no podrán imponer comparendos de manera autónoma.
- Deberá estar presente, visible e identificado un agente de tránsito.
- El agente será el encargado de operar directamente el equipo y expedir el comparendo, asegurando la verificación en el sitio.
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, enfatizó que esta acción busca proteger el propósito original de la tecnología: fomentar el control de tránsito preventivo y visible. «Cuando un vehículo se esconde para tomar una fotografía sin que el conductor lo vea, no está logrando que reduzca la velocidad ni evitando un riesgo en la vía. La tecnología debe ayudar a prevenir, no simplemente a sancionar», declaró la funcionaria, haciendo eco de la postura presidencial.
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →Contexto de la decisión: el debate sobre las fotomultas en Colombia
Esta modificación regulatoria no es un hecho aislado. Se enmarca en un contexto de creciente debate nacional sobre la pertinencia y la forma en que se aplican las fotomultas en Colombia. Durante años, la ciudadanía ha expresado inconformidad por lo que perciben como un afán recaudatorio más que preventivo por parte de algunas administraciones locales y operadores privados.
Colombia, con su compleja geografía y una infraestructura vial que a menudo presenta desafíos, ha visto un incremento en el uso de tecnologías de fotodetección. Sin embargo, este auge ha estado acompañado de críticas sobre la ubicación de las cámaras, la señalización deficiente y la opacidad en los contratos de operación. Casos en diversas ciudades y municipios han llegado a los estrados judiciales, impugnando la validez de los comparendos y la legalidad de los sistemas.
La intervención del Gobierno Nacional, liderada por el presidente Abelardo De La Espriella, responde a un mandato claro: las fotomultas deben ser herramientas para salvar vidas, no para generar negocios a costa de los ciudadanos. Pocos días antes de la expedición de esta resolución, el presidente ordenó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) una exhaustiva revisión de todos los sistemas de fotodetección. Esta directriz surgió tras la identificación preliminar de aproximadamente 40.000 órdenes de comparendo que podrían haber sido emitidas de manera irregular, lo que subraya la magnitud del problema y la necesidad de una intervención urgente.
Impacto y desafíos futuros
Los primeros resultados de la revisión nacional ya son visibles. En Cartago, por ejemplo, se impidió la entrada en funcionamiento de un sistema de fotodetección que no cumplía con los requisitos técnicos exigidos. Adicionalmente, se han identificado 12 dispositivos cuyas autorizaciones están en proceso de revocatoria debido a cambios en la competencia de las autoridades de tránsito, lo que indica un panorama de irregularidades más amplio de lo inicialmente estimado.
La nueva resolución busca un equilibrio entre el uso de la tecnología para la seguridad vial y el respeto a los derechos de los conductores. Al exigir la presencia física de un agente de tránsito, el gobierno pretende garantizar la legalidad, la transparencia y el carácter pedagógico de las sanciones. Esto, sin embargo, plantea desafíos para las autoridades locales, que deberán asegurar la disponibilidad de personal capacitado para operar estos equipos y realizar el control en vía de manera efectiva y visible, minimizando la percepción de «cacería» y maximizando la de prevención y orden vial.
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