Gobierno De la Espriella desmantela reforma agraria de Petro al parar compra de tierras

La política agraria de Colombia experimenta un cambio fundamental tras el anuncio del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, bajo la administración de Abelardo De la Espriella. La decisión de cesar la compra de predios privados, un pilar central de la reforma agraria impulsada por el expresidente Gustavo Petro, ha generado un intenso debate político y social, con implicaciones directas para el futuro del campo colombiano.

El fin de una estrategia: cese de la compra de tierras

La administración Petro había concebido la compra voluntaria de tierras como un mecanismo clave para cumplir con las metas del primer punto del Acuerdo Final de Paz: la entrega de tres millones de hectáreas a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y la formalización de siete millones de hectáreas. Este enfoque buscaba corregir las profundas desigualdades en la tenencia de la tierra que han sido una fuente histórica de conflicto en el país.

Sin embargo, el ministro Dangond justificó la interrupción de esta estrategia, argumentando que los resultados obtenidos por la administración anterior fueron insuficientes frente a las ambiciosas metas. «De los tres millones de hectáreas que dijeron que iban a comprar, realmente se compraron 350.000 hectáreas», afirmó Dangond, cuestionando la eficacia del modelo.

El expresidente Petro no tardó en reaccionar, advirtiendo que esta medida representa el fin de la reforma agraria que su gobierno intentaba materializar. El senador David Racero, del Pacto Histórico, fue más allá, calificando la decisión como el inicio de una «contrarreforma agraria». Racero puntualizó que la meta de los tres millones de hectáreas no se limitaba únicamente a la compra, sino a la incorporación y distribución de tierras.

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Balance de la gestión anterior y las nuevas directrices

Durante la administración Petro, se reportó un avance significativo en la formalización de más de 2.28 millones de hectáreas y la entrega de 351.000 hectáreas. La Agencia Nacional de Tierras (ANT), cuya posible desaparición ha sido mencionada como parte de las medidas del nuevo gobierno, reportó la adquisición de 293.545 hectáreas y miles de predios incorporados al Fondo de Tierras. En 2022, incluso se acordó con Fedegán una ruta para adquirir hasta tres millones de hectáreas, siempre y cuando cumplieran con condiciones legales, ambientales y agrarias.

El giro de la política rural bajo el gobierno de De la Espriella no se limita a la suspensión de la compra de predios. Se han introducido otras modificaciones sustanciales:

Cambio en el lenguaje oficial: Una directriz ha instado a reemplazar términos como «campesino» y «reforma agraria» en las comunicaciones institucionales. El ministro Dangond ha expresado que «campesino» es un término «despectivo» y propone el uso de «pequeños empresarios del campo».
Redirección de prioridades: El enfoque se traslada de la redistribución de tierras a programas de financiación y fortalecimiento de cadenas agroindustriales. Un ejemplo es el programa de $400.000 millones para la cadena de la caña, con líneas de crédito e instrumentos de financiación.
Denuncias de irregularidades: El gobierno De la Espriella también ha revelado presuntas irregularidades en la reforma agraria de Petro, señalando que «promovió una ocupación de tierras sin garantías» según informes.

Contexto sociopolítico y económico en el suroccidente colombiano

La región del suroccidente colombiano, que incluye departamentos como Valle del Cauca y Cauca (Popayán), es un epicentro de esta discusión. Históricamente, estas zonas han sido escenarios de conflictos por la tierra, marcados por la presencia de grandes extensiones dedicadas a monocultivos como la caña de azúcar, la minería ilegal y la persistencia de economías ilícitas. La desigualdad en la propiedad rural y la falta de acceso a la tierra para comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes han sido factores determinantes en la violencia y el desplazamiento. La reforma agraria de Petro, al buscar una redistribución, intentaba abordar estas problemáticas estructurales, mientras que el nuevo enfoque del gobierno de De la Espriella, centrado en el impulso empresarial y productivo, genera inquietud sobre el futuro de estas comunidades y la posibilidad de perpetuar las disparidades existentes. La caña de azúcar, mencionada explícitamente en los nuevos programas de financiación, tiene una presencia dominante en el Valle del Cauca, lo que subraya la relevancia de este cambio de política en la región.

Críticas y perspectivas futuras

La oposición ha criticado duramente el nuevo enfoque, argumentando que destinar grandes recursos a sectores empresariales mientras se reduce el énfasis en la compra de tierras para campesinos podría equivaler a un «modelo de Agro Ingreso Seguro», un programa de subsidios cuestionado en el pasado. Aunque el gobierno actual asegura que sus programas se centran en financiación y crédito, no en subsidios directos, la preocupación persiste sobre si esta política profundizará la brecha entre grandes y pequeños productores rurales.

El debate actual sobre la política agraria colombiana refleja una dicotomía profunda entre dos visiones de desarrollo rural: una que prioriza la redistribución y el acceso a la tierra como eje de justicia social y paz, y otra que enfatiza la productividad, la financiación y el fortalecimiento empresarial. La resolución de este pulso definirá no solo el futuro del sector agrícola, sino también la estabilidad social y económica de amplias zonas del país.