Helicópteros de EE. UU. en Tumaco: ¿Qué implicaciones legales tienen?

La reciente aparición de tres helicópteros UH-1Y Venom del Cuerpo de Marines de Estados Unidos sobrevolando Tumaco, Nariño, el pasado 27 de agosto, ha desatado una ola de interrogantes sobre la naturaleza y los límites de la cooperación militar entre Colombia y Washington. La situación, inicialmente revelada por una fotografía del Comando Sur de EE. UU., puso en evidencia una desconexión entre las afirmaciones oficiales y la percepción pública, generando un debate jurídico y político de alto calibre.

La presencia militar estadounidense en Tumaco

Según la publicación del Comando Sur en redes sociales, los helicópteros, adscritos al Escuadrón de Rotor Basculante Mediano de la Marina (VMM) 365 (Reforzado), realizaban un «operational site survey» o reconocimiento operacional. Esta actividad, según la entidad estadounidense, forma parte de sus tareas para interrumpir el tráfico ilícito de drogas, disuadir amenazas y mantener una presencia continua en la región. La fotografía que inició la polémica fue tomada desde una tercera aeronave del mismo tipo, confirmando la presencia de un destacamento aéreo en territorio colombiano.

La visita de las aeronaves coincidió con la agenda del general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, quien se reunió en Colombia con altos mandos militares y el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora. El propósito de la visita era abordar la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y otras actividades ilícitas. Aunque inicialmente se preveía el uso de helicópteros Black Hawk colombianos para los desplazamientos de la delegación, el traslado entre Tumaco y San Lorenzo, Ecuador, se realizó finalmente en los helicópteros estadounidenses. Este hecho, sumado a la posterior revisión de capacidades aéreas en Tolemaida, acentuó la inquietud sobre la autonomía y la reglamentación de la presencia militar extranjera.

Contradicciones y el marco jurídico

La presencia y actividad de estos helicópteros provocaron de inmediato la reacción de organizaciones civiles. Temblores ONG cuestionó la situación, argumentando que un despliegue de aeronaves militares implica una actuación operacional que el Ministerio de Defensa había negado previamente. En respuesta a un derecho de petición, la cartera de Defensa había asegurado que el personal estadounidense en Colombia se limitaba a labores de asesoría, asistencia técnica y enlace, sin participación operacional directa.

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La polémica se profundizó con la divulgación de una respuesta del Consejo de Estado a un cuestionario de 27 preguntas. El alto tribunal informó que, tras revisar sus registros institucionales entre agosto de 2026 y la fecha de la respuesta, no encontró solicitudes del Gobierno nacional para emitir concepto sobre el ingreso, tránsito, permanencia o participación de tropas extranjeras en territorio colombiano, ni específicamente sobre operaciones militares conjuntas entre Colombia y Estados Unidos.

Doctrina constitucional y el Consejo de Estado

La doctrina constitucional colombiana, sustentada en el numeral 3 del artículo 237 de la Carta Política y en precedentes como la decisión de la Sala Plena del 24 de noviembre de 2020 sobre la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB), establece que la consulta previa al Consejo de Estado es obligatoria y preventiva en casos de tránsito de tropas extranjeras o estacionamiento de buques y aeronaves de guerra. Sin embargo, también matiza que actividades de asistencia técnica, asesoría, entrenamiento o intercambio de experiencias, en el marco de convenios de cooperación internacional, no constituyen «tránsito de tropas» si no implican el ejercicio del mando, el porte de armas o la participación directa en operaciones militares.

La situación de los helicópteros en Tumaco, al ser parte de una comitiva en territorio colombiano que realizó traslados con funcionarios de ambos países, genera una zona gris en esta definición. La discusión se centra en si el “reconocimiento operacional” y los traslados aéreos en aeronaves militares extranjeras pueden clasificarse únicamente como “asistencia técnica” o si cruzan el umbral hacia una “operación militar” que requeriría el concepto del Consejo de Estado y, eventualmente, la aprobación del Congreso.

Contexto en Nariño y el Suroccidente colombiano

La situación en Tumaco no es un hecho aislado. La región de Nariño, y particularmente la zona costera, es un epicentro histórico del conflicto armado y del narcotráfico en Colombia. Su posición estratégica, con acceso al Pacífico y una extensa frontera con Ecuador, la convierte en un corredor vital para el tráfico de drogas, insumos químicos, armas y personas. La presencia de grupos armados organizados, incluyendo disidencias de las FARC y el ELN, es una constante que agrava la situación de seguridad y la vulnerabilidad de las comunidades.

La cooperación militar internacional, especialmente con Estados Unidos, ha sido un pilar en la estrategia colombiana para combatir estos fenómenos. Sin embargo, la historia reciente del país está marcada por debates sobre la soberanía nacional y la autonomía en la toma de decisiones militares frente a la injerencia extranjera. Incidentes como el de los helicópteros en Tumaco reavivan esta discusión, exigiendo transparencia y un apego estricto a la Constitución y las leyes colombianas en todas las actividades de cooperación militar.

Debate pendiente en el Congreso

Ante la controversia, el Gobierno prepara la documentación pertinente para presentarla ante el Congreso antes del cierre de la actual legislatura. Esto sugiere un reconocimiento implícito de que la situación requiere una clarificación y un aval legislativo, en especial si se proyecta un aumento de la presencia de personal y equipos estadounidenses en puntos estratégicos del territorio. La próxima discusión parlamentaria será crucial para definir el alcance de la cooperación y los límites de la presencia militar extranjera en Colombia, un tema que impacta directamente la soberanía y la seguridad nacional.