El Tribunal Superior de Medellín ha ratificado una decisión previa que niega la extinción de dominio sobre un conjunto de bienes vinculados al empresario Alex Saab Morán, específicamente aquellos administrados por la Promotora Dubera S.A.S. Esta determinación judicial, conocida el pasado 7 de septiembre y revelada por EL HERALDO, representa un revés significativo para la Fiscalía General de la Nación en su intento de incautar activos valorados en más de 8.000 millones de pesos colombianos.
La resolución del Tribunal desestimó los recursos de apelación presentados tanto por la Fiscalía 26 Especializada en Extinción de Dominio como por el Ministerio Público. Dichos recursos buscaban revertir el fallo inicial emitido el 17 de enero de 2025 por el Juzgado Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Barranquilla, el cual ya había negado la pretensión de extinción de dominio.
La Tesis de la Fiscalía y los Bienes en Disputa
La investigación de la Fiscalía contra Alex Saab Morán se ha centrado en presuntos delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir y exportación o importación ficticia. Según la entidad acusadora, la empresa Shatex S.A. habría sido utilizada para realizar operaciones de comercio exterior simuladas entre 2007 y 2009, involucrando cifras que superan los 25 millones de dólares (USD $12.270.136 y USD $13.049.164).
En este entramado, la Promotora Dubera S.A.S. es señalada por la Fiscalía como una «sociedad pantalla». Se argumenta que Saab la constituyó como único accionista con la finalidad de adquirir propiedades utilizando capital presuntamente blanqueado a través de Shatex S.A. Los bienes específicos objeto de este proceso de extinción de dominio no han sido detallados públicamente en su totalidad, pero fuentes adicionales sugieren que incluían una mansión y otros seis inmuebles.
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La esencia de la decisión del Tribunal Superior de Medellín reside en una crítica directa a la solidez probatoria presentada por la Fiscalía. La instancia superior confirmó la sentencia inicial al señalar que:
- «La investigación con fines de extinción de dominio puso en evidencia la escasa metodología de la Fiscalía para establecer un hecho indicador claro y verificable que permita inferir el origen ilícito de los bienes».
Esta declaración subraya una deficiencia en la capacidad de la Fiscalía para construir un marco indiciario robusto que vinculara de manera irrefutable los bienes en cuestión con actividades ilícitas. La falta de una metodología clara y pruebas verificables dejó la hipótesis de la Fiscalía sin el respaldo judicial necesario para proceder con la extinción de dominio.
Contexto del Caso Alex Saab: Implicaciones y Procesos Paralelos
El caso de Alex Saab ha capturado la atención internacional debido a sus presuntos vínculos con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro y las investigaciones de la DEA en Estados Unidos. Su figura se ha convertido en un punto de tensión diplomática y legal entre varios países. Si bien esta decisión en Colombia aborda un aspecto particular de sus bienes, no exime a Saab de otros procesos judiciales en curso.
Actualmente, Saab enfrenta cargos en Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con lavado de dinero y corrupción, donde se ha fijado una nueva fecha para el inicio de su juicio. En Colombia, el proceso de extinción de dominio sobre sus bienes ha sido complejo y ha puesto a prueba la capacidad de la justicia para rastrear y confiscar activos presuntamente obtenidos de forma ilícita.
La negación de la extinción de dominio en esta instancia particular, si bien es un golpe para la estrategia de la Fiscalía, no necesariamente exime a Saab de responsabilidades futuras o de la continuidad de otras investigaciones. El sistema judicial colombiano, en casos de alta complejidad como este, exige pruebas contundentes y metodologías investigativas impecables, especialmente cuando se busca afectar el derecho a la propiedad.
Esta decisión reitera la importancia de la robustez probatoria en los procesos de extinción de dominio y el escrutinio judicial al que son sometidas las actuaciones de los entes investigadores en Colombia.
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