Fiscalía cita a Jaramillo por historia clínica de Kevin Acosta

La Fiscalía General de la Nación ha fijado para el próximo lunes 14 de septiembre una audiencia de conciliación entre el exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y Yudy Katherine Pico, madre de Kevin Acosta. Esta diligencia, que se llevará a cabo de forma virtual ante la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, busca abordar el presunto delito de revelación de secreto atribuido a Jaramillo durante un consejo de ministros en febrero de 2026.

El caso Kevin Acosta: Muerte, omisión y revelación

Kevin Arley Acosta Pico, de siete años de edad, padecía hemofilia A severa, una condición que impide la coagulación normal de la sangre. Su deceso ocurrió el 13 de febrero de 2026 en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital La Misericordia, en Bogotá, tras ser trasladado desde un centro médico en Huila. El traslado se realizó después de que una caída en bicicleta le provocara un sangrado interno. No obstante, para su madre, el accidente no fue la única causa de la muerte; ella sostiene que Kevin llevaba tiempo sin el tratamiento vital que requería.

La controversia central sobre Jaramillo surge de sus declaraciones realizadas la noche del 16 de febrero de 2026, tres días después de la muerte del menor. Durante un consejo de ministros en la Casa de Nariño, el entonces ministro de Salud se refirió a la condición médica de Kevin y a las circunstancias de su accidente. Los abogados de la familia Acosta Pico argumentan que esta información formaba parte de la historia clínica del niño y debía permanecer bajo estricta reserva, en cumplimiento de la legislación colombiana que protege la privacidad de los datos de salud.

Las palabras de Jaramillo, quien manifestó que «es entendible que los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que puedan generarle un trauma violento y hemorrágico grave», fueron interpretadas por varios sectores y la familia como un intento de desviar la responsabilidad sobre la muerte del niño. En el mismo consejo, el presidente Gustavo Petro también se refirió al caso, sumándose a la polémica.

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La disputa sobre el tratamiento y la responsabilidad

Yudy Katherine Pico ha denunciado que la Nueva EPS, entidad encargada de la atención de Kevin, dejó de suministrarle el medicamento Emicizumab durante aproximadamente dos meses. Este fármaco, esencial para el control de la hemofilia severa, debía aplicarse cada 28 días. Un informe técnico de la propia EPS confirmó que la última dosis certificada fue administrada el 14 de diciembre de 2025, casi sesenta días antes del fallecimiento. Sin embargo, la Nueva EPS ha atribuido el desenlace fatal a un «trauma craneoencefálico severo accidental», intentando desvincularlo de la falta del medicamento.

La Defensoría del Pueblo ha respaldado públicamente la versión de la familia, afirmando que el sistema de salud falló en su deber con Kevin, quien murió «luego de dos meses sin recibir su medicamento». La entidad también hizo un llamado a no revictimizar a la madre del menor, subrayando la grave negligencia en la atención médica.

Contexto de la crisis de salud en Colombia

El caso de Kevin Acosta no es un incidente aislado, sino que se enmarca en un período de profundas tensiones y reformas propuestas para el sistema de salud colombiano. Durante la administración Petro, y particularmente bajo la gestión de Guillermo Alfonso Jaramillo en el Ministerio de Salud, el debate sobre el futuro de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y el modelo de giro directo ha sido constante. La crisis de la Nueva EPS, una de las más grandes del país, ha sido un foco de atención, con intervenciones y señalamientos de irregularidades que han puesto en entredicho la eficacia y equidad del sistema. Casos como el de Kevin Acosta, donde la omisión en la entrega de tratamientos vitales es denunciada, exponen las fracturas de un sistema que, pese a sus avances, aún enfrenta desafíos significativos en la garantía del derecho fundamental a la salud para todos los ciudadanos. La disputa entre el gobierno y diversos actores del sector ha generado un clima de incertidumbre, afectando directamente la calidad y oportunidad de los servicios médicos para millones de colombianos.

Otros procesos judiciales y el futuro del caso

La citación a conciliación de Guillermo Alfonso Jaramillo es solo una de las líneas de acción judicial derivadas de la muerte de Kevin Acosta. La Fiscalía también ha solicitado a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes investigar al expresidente Gustavo Petro. La petición se fundamenta en su presunta responsabilidad como «garante» frente a las decisiones tomadas durante la intervención de la Nueva EPS y su papel en la divulgación de la historia clínica del menor durante el consejo de ministros.

Adicionalmente, existe una tercera vertiente investigativa centrada directamente en la causa de la muerte del niño. La Fiscalía planea imputar cargos por homicidio culposo al exagente interventor de la Nueva EPS, Luis Óscar Galvis Mateus; al exauditor Nelson Ramírez Plaza; y a las exfuncionarias Diana Marcela Caballero Arias y Jessika Pala Triana Sahastuy.

La audiencia del 14 de septiembre será crucial para el futuro judicial de Jaramillo. Si se logra un acuerdo conciliatorio entre las partes, el caso por revelación de secreto podría ser archivado. En caso de no alcanzarse un consenso, la Fiscalía continuará con la indagación, lo que podría derivar en la imputación formal de cargos contra el exministro. Su comparecencia es obligatoria, ya que la inasistencia injustificada abriría de inmediato una investigación penal formal en su contra.