Una reciente denuncia ambiental ha encendido las alarmas en el norte de Bogotá, específicamente en el sector de Usaquén. La sociedad Greencity Inversiones y Construcciones S.A.S. ha alertado sobre la presunta tala progresiva de cobertura vegetal en las inmediaciones de Bosques de Torca, una zona de vital importancia ecológica para la capital colombiana. Según la compañía, la afectación superaría las dos hectáreas de bosque, con intervenciones que, afirman, continúan a pesar de las notificaciones a diversas autoridades.
Esta situación cobra relevancia al considerar la proximidad del área señalada con la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Este vasto ecosistema, que se extiende desde Torca hasta el Boquerón de Chipaque, abarca 13.224 hectáreas y es un componente esencial de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá, conectando ecosistemas de la capital con regiones como Chingaza y Sumapaz. La posible degradación en sus inmediaciones genera una profunda preocupación por sus efectos en la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de la ciudad.
Cronología de una alerta ambiental
Según los detalles provistos por Greencity, la alerta inicial surgió el 31 de mayo de 2026, cuando residentes de la Urbanización Bosques de Torca comenzaron a reportar actividades de tala en el lindero oriental de la copropiedad. Tras recibir estos avisos, la empresa implementó un monitoreo exhaustivo que incluyó:
- Inspecciones de campo.
- Sobrevuelos con drones.
- Registros fotográficos y videográficos.
- Comparación temporal de imágenes satelitales.
- Trabajos de georreferenciación.
Este seguimiento llevó a Greencity a estimar una pérdida de cobertura vegetal superior a las dos hectáreas. La compañía también ha calculado que el ritmo de intervención podría acercarse a los 100 metros cuadrados diarios, una cifra que aún no cuenta con certificación oficial, pero que, de confirmarse, señalaría un daño ambiental de rápida evolución y difícil reversión.
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Ante lo que perciben como una falta de respuesta efectiva, Greencity, a través de su apoderado, presentó el 3 de julio de 2026 una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación. La denuncia apunta a posibles conductas relacionadas con deforestación, promoción y financiación de la deforestación, y daño en los recursos naturales. Es importante señalar que la existencia de una denuncia no implica, por el momento, el establecimiento de responsabilidad penal contra ninguna persona o entidad específica.
Adicionalmente, la empresa ha informado sobre los hechos a diversas instituciones clave en la protección ambiental y la seguridad, incluyendo:
- La Policía Nacional y Ambiental.
- La Secretaría Distrital de Ambiente.
- La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).
- El Ministerio de Ambiente.
La denuncia específica se refiere al sector comprendido entre la Finca Novitá y el Conjunto Residencial Campestre Bosques de Torca, y busca que se investiguen posibles responsabilidades. Hasta ahora, no existe una decisión de autoridad que atribuya la tala a propietarios, administradores o terceros relacionados con el predio, manteniéndose todo bajo investigación.
Impactos ecológicos: más allá de los árboles
La preocupación por esta tala no se limita únicamente al número de árboles. La ingeniera ambiental Laura Sofía Fernández Flechas, especialista en Evaluación Ambiental de Proyectos, elaboró un concepto técnico para Greencity donde enfatiza los efectos acumulativos que la pérdida de vegetación en zonas ecológicamente sensibles puede generar. Según Fernández, la evaluación de estas intervenciones no debe considerar solo la cantidad de árboles talados, sino el impacto integral sobre el funcionamiento del ecosistema.
Entre los posibles impactos adversos que advirtió la especialista se encuentran:
- Erosión y pérdida de estabilidad del suelo.
- Alteraciones en la infiltración y regulación del ciclo hídrico.
- Reducción de la capacidad de captura de carbono atmosférico.
- Pérdida de hábitat para la fauna silvestre.
- Fragmentación de corredores ecológicos vitales.
Esta perspectiva coincide con el reconocimiento del alto valor ambiental de los Cerros Orientales, de donde nacen importantes fuentes hídricas y donde se encuentran ecosistemas esenciales para la conectividad ecológica de Bogotá. La zona de Torca, en particular, actúa como un enlace crucial entre los cerros y otros componentes ambientales del norte capitalino.
Un riesgo adicional, menos obvio pero significativo, señalado por Fernández, es la acumulación de residuos de la tala (ramas, hojas, troncos). Estos materiales pueden convertirse en combustible vegetal, aumentando la vulnerabilidad de la zona a incendios forestales durante periodos secos y de altas temperaturas, un fenómeno cada vez más preocupante en el contexto del cambio climático.
Contexto normativo y la situación de los Cerros Orientales
Los Cerros Orientales de Bogotá gozan de un régimen especial de protección que data de 1976. Cualquier actividad susceptible de afectar los recursos hídricos o la biodiversidad dentro de la Reserva Forestal Protectora está sujeta a un estricto marco ambiental. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) posee competencias directas sobre esta reserva, lo que la convierte en una entidad clave para la verificación y el control de la situación.
La incógnita principal que persiste es la naturaleza exacta de lo que ocurre en el terreno denunciado. Aún no se ha determinado si las intervenciones cuentan con algún permiso legal, cuál es la extensión precisa del área afectada y si esta se encuentra dentro de los límites de la reserva, en su franja de adecuación o en predios colindantes. Greencity mantiene su denuncia sobre la pérdida de más de dos hectáreas y la continuidad de la tala, lo que subraya la urgencia de una verificación oficial por parte de las autoridades competentes. La respuesta de estas entidades será fundamental para establecer si Bogotá enfrenta una intervención autorizada o un posible daño ambiental irreversible en uno de sus corredores ecológicos más sensibles.
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