Disidencias de FARC amenazan alcaldes en Norte de Antioquia

Una grave situación de orden público se cierne sobre el Norte de Antioquia tras la difusión de un comunicado atribuido al Frente 36 de las disidencias de las FARC, comandado por alias ‘Calarcá’. Este mensaje declara «objetivo militar» a los alcaldes de Carolina del Príncipe, Ana Isabel Avendaño; Gómez Plata, Luis Pérez; y Santa Rosa de Osos, Bernardo Molina, junto a los comandantes de policía de estas localidades.

La amenaza surge en un contexto de escalada de violencia y control territorial, donde el grupo armado acusa a las autoridades locales de supuesta colaboración con el Clan del Golfo, intensificando la confrontación entre estructuras ilegales que afectan directamente a la población civil y las instituciones.

El mensaje de las disidencias y sus implicaciones

El comunicado, cuya veracidad ha sido corroborada por diversas fuentes, proviene específicamente de la compañía Arnulfo Castellanos. En él, las disidencias de ‘Calarcá’ advierten que «quienes opten por ayudar, colaborar, cobijar o prestar cualquier tipo de apoyo al grupo contra insurgente y paramilitar del Clan del Golfo serán considerados objetivo militar de nuestra organización». El texto también hace un «último llamado a las administraciones y guarniciones militares y policiales a estar del lado de las comunidades y ser neutrales en esta confrontación».

Este pronunciamiento no solo busca intimidar a los funcionarios públicos, sino también establecer una narrativa de control y dominio territorial en una región estratégicamente vital para diversas actividades ilícitas. La acusación de connivencia con el Clan del Golfo evidencia una lucha por la hegemonía criminal que arrastra a las autoridades legítimas al centro de su disputa armada.

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Reacciones institucionales y llamados a la acción

La amenaza generó una inmediata condena y preocupación por parte de las autoridades departamentales y municipales. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, rechazó enfáticamente el comunicado y solicitó al Gobierno nacional una respuesta contundente y respaldo efectivo para los mandatarios locales. A través de su cuenta de X, Rendón afirmó: «Los Alcaldes no están solos: toda la capacidad del Estado debe rodearlos y garantizar que puedan gobernar sin intimidaciones de criminales».

En el mismo sentido, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su solidaridad con los alcaldes afectados y se unió al llamado de acción. «Solidaridad con mis colegas alcaldes amenazados por alias ‘Calarcá’. Que sea capturado o dado de baja», escribió Gutiérrez, reflejando la indignación y la exigencia de mano dura contra los grupos armados ilegales.

Contexto de conflictividad en el Norte de Antioquia

El Norte de Antioquia, una subregión caracterizada por su riqueza hídrica, su potencial agropecuario y su ubicación estratégica para corredores de movilidad, ha sido históricamente un escenario de alta conflictividad. Desde el auge de los paramilitares en la década de los 90 hasta la presencia actual de disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, este territorio ha experimentado ciclos recurrentes de violencia.

La presencia de estos grupos se traduce en extorsiones, microtráfico y la búsqueda de control sobre economías ilegales. La consolidación de la minería ilegal y los cultivos ilícitos en zonas aledañas, junto con la infraestructura de proyectos energéticos como Hidroituango (donde también se han denunciado amenazas y extorsiones por parte de estas mismas disidencias a EPM), han exacerbado la disputa. Esta presión sobre el territorio y sus recursos genera un ambiente de constante zozobra para la población y un desafío permanente para la gobernabilidad local.

Previamente, el alcalde de Briceño, en la misma subregión, también había sido objeto de amenazas por parte del Frente 36, lo que subraya un patrón de intimidación sistemática contra la autoridad civil. El gobernador Rendón, incluso, ha denunciado presunto constreñimiento electoral por parte de estos grupos, evidenciando una estrategia de injerencia en la vida política y social de la región.

Medidas urgentes solicitadas

Ante la gravedad de la situación, las autoridades han reiterado la necesidad de:

Aumentar la operatividad de la fuerza pública contra el Frente 36 de las disidencias de las FARC.
Garantizar la seguridad y protección de los alcaldes y comandantes de policía amenazados.
Fortalecer la presencia estatal y la inversión social en las zonas afectadas para contrarrestar la influencia de los grupos armados.
Investigar a fondo las acusaciones de las disidencias y desmantelar las redes criminales implicadas.

La comunidad y las instituciones esperan una respuesta coordinada y eficaz del Gobierno nacional para proteger a sus líderes y asegurar la estabilidad en esta vital región del país.