Colombia: Proyecto de Ley busca regular creadores de contenido y exige transparencia

El panorama digital en Colombia se encamina hacia una transformación significativa con la radicación de un proyecto de ley en el Congreso de la República. Esta iniciativa busca establecer un marco regulatorio claro para los creadores de contenido, con énfasis en la transparencia de la pauta comercial y la publicidad política. La propuesta legislativa emerge en un momento de efervescencia en la economía de la influencia y un creciente debate sobre la responsabilidad en el ecosistema digital.

La necesidad de regulación en un sector en auge

El proyecto de ley responde a una expansión sin precedentes de la actividad de los creadores de contenido en el país. Cifras recientes destacan que Colombia alberga a más de 82.300 influencers solo en Instagram, sumando un total de 500.000 en todas las plataformas digitales. Este sector ha experimentado un crecimiento del 35% en los últimos años, convirtiéndose en un canal fundamental para el marketing empresarial.

La inversión de las compañías nacionales en campañas con influencers ha escalado vertiginosamente, pasando de 8.757 millones de pesos en 2019 a una proyectada de 300.000 millones de pesos para finales de 2023. Este incremento subraya la influencia decisiva que estos actores digitales ejercen sobre las decisiones de consumo de una audiencia cada vez más conectada. Colombia se posiciona como el segundo país a nivel mundial con el mayor tiempo de uso de plataformas digitales, con un promedio de 3 horas y 45 minutos al día por usuario, lo que magnifica el impacto de la comunicación a través de estos canales.

Principales ejes del Proyecto de Ley

La propuesta legislativa, según la información disponible, se articula en varios puntos clave que buscan formalizar la actividad y proteger a los consumidores, así como a la integridad del debate público. Entre sus disposiciones más relevantes se encuentran:

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Creación de un Registro Único: Se plantea la implementación de un sistema de registro para creadores de contenido, lo que permitiría una identificación y trazabilidad de su actividad.
Marcación obligatoria de contenidos pautados: Exige que toda publicación que responda a un acuerdo comercial o político sea claramente identificada como publicidad. Esta medida busca diferenciar el contenido orgánico de aquel que tiene un interés económico o propagandístico detrás, garantizando la transparencia para los usuarios.
Imposición de sanciones estrictas: Se prevén mecanismos sancionatorios para aquellos creadores que incumplan las normativas establecidas, buscando desincentivar prácticas engañosas o la difusión de desinformación.
Protección de menores de edad: El proyecto también contempla disposiciones específicas para salvaguardar a los niños, niñas y adolescentes en el entorno digital, tanto como audiencia como, potencialmente, como creadores de contenido.

El antecedente de la SIC y el fallo de la Corte Constitucional

La necesidad de esta regulación no es un hecho aislado. En abril de 2024, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ya había iniciado investigaciones y aplicado sanciones a varios influencers por no proporcionar información clara y veraz a sus seguidores. Estas acciones previas de la SIC sentaron un precedente importante, reconociendo a los influencers como agentes comerciales sujetos a regulaciones y responsabilidades.

Adicionalmente, la Corte Constitucional, con su Sentencia T-241 de 2026, ha establecido un hito en la protección de datos personales y derechos fundamentales en el entorno digital. Dicha sentencia dictamina que ninguna información sensible de un ciudadano puede ser compartida en redes sociales sin su autorización previa, libre e informada. Este fallo refuerza la necesidad de un marco legal que no solo regule la actividad comercial, sino también el manejo de información y la protección de la privacidad en el amplio espectro de las redes.

Contexto colombiano: Entre la libertad de expresión y la desinformación

Este debate regulatorio se inscribe en un momento de intensa discusión en Colombia sobre el equilibrio entre la libertad de expresión y la responsabilidad en el espacio público digital. El país, que ha vivido periodos de alta polarización social y política, enfrenta el desafío de cómo gestionar el impacto de la desinformación y los discursos de odio propagados a través de las plataformas digitales.

Históricamente, la libertad de prensa y de expresión ha sido un pilar en la constitución colombiana. Sin embargo, la irrupción de las redes sociales y la figura del ‘influencer’ ha creado nuevos escenarios no contemplados en la legislación tradicional. La rápida penetración de estas plataformas en la vida cotidiana y su capacidad para moldear la opinión pública y las tendencias de consumo, exigen una revisión de las herramientas legales disponibles. El proyecto de ley busca precisamente eso: construir un marco de reglas claras que evite la censura, pero que a su vez frene el avance descontrolado de la desinformación y las prácticas comerciales engañosas, garantizando que la transparencia evolucione de una sugerencia ética a una obligación legal.

El camino legislativo de esta propuesta será crucial para definir el futuro de la economía de los creadores de contenido en Colombia y para establecer las bases de una interacción digital más responsable y confiable.