La esfera política colombiana se ha visto sacudida por una grave acusación del expresidente Gustavo Petro contra el presidente Abelardo De la Espriella. Petro ha señalado públicamente a De la Espriella de estimular una retórica de violencia que, según su interpretación, guarda relación con el reciente asesinato de Alejandra Moreno Paz, una joven lideresa social y artista de la comuna 20 de Cali. Este incidente ha escalado rápidamente, con el anuncio de Petro de que llevará la denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI).
El Homicidio de Alejandra Moreno Paz y la Reacción Presidencial
Alejandra Moreno Paz fue brutalmente asesinada en las inmediaciones del Centro Cultural Brisas de Mayo, ubicado en el sector de Siloé, en Cali. La joven, reconocida por su activo liderazgo comunitario y su talento como percusionista en la organización Ingenio Musical, también era participante del programa «Jóvenes en Paz» y formó parte del proyecto universitario de Siloé, iniciativas impulsadas durante la administración de Gustavo Petro.
Tras conocerse el crimen, el expresidente Petro utilizó su cuenta en la plataforma X para pronunciarse. En su mensaje, vinculó directamente el asesinato de Moreno Paz con la consigna de «destripamiento» atribuida a Abelardo De la Espriella, a quien calificó de «propulsor del asesinato sistemático de personas del progresismo al estimular públicamente el llamado destripamiento».
Esta declaración ha provocado un nuevo episodio de confrontación política entre ambas figuras, trasladando la discusión desde el ámbito nacional a una posible arena internacional.
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La gravedad de las acusaciones de Petro se magnifica con su intención de presentar el caso ante la Corte Penal Internacional. El exmandatario solicitó a las organizaciones de derechos humanos en Colombia recopilar información exhaustiva sobre los líderes progresistas que han sido asesinados en el país. Esta documentación, según Petro, será fundamental para respaldar su denuncia formal ante la CPI.
Petro argumenta que la conducta de De la Espriella, al estimular públicamente una narrativa de violencia contra un sector político específico, podría interpretarse como una persecución sistemática contra un grupo poblacional civil con una identidad política definida. Esta acción, en su opinión, podría constituir un crimen de lesa humanidad, en el marco de lo estipulado por el Estatuto de Roma, que rige la CPI.
La Corte Penal Internacional tiene jurisdicción para investigar y, en su caso, enjuiciar a individuos por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio y el crimen de agresión, cuando los estados nacionales no pueden o no quieren hacerlo.
Siloé y el Contexto de la Violencia en Cali
El asesinato de Alejandra Moreno Paz en Siloé no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un contexto de persistente violencia social y política que ha afectado históricamente a Cali y, en particular, a sus comunas de la ladera. Siloé, un emblemático barrio de la Comuna 20, ha sido históricamente un epicentro de procesos comunitarios y artísticos, pero también un punto neurálgico de tensiones sociales, disputas territoriales y presencia de grupos armados ilegales.
Esta zona de Cali ha experimentado ciclos de violencia relacionados con la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y la instrumentalización de jóvenes por parte de estructuras criminales. Los líderes sociales y comunitarios, como Alejandra Moreno Paz, a menudo se encuentran en la primera línea de riesgo debido a su trabajo en la construcción de tejido social y la defensa de derechos en entornos complejos. El programa «Jóvenes en Paz» y proyectos universitarios en estas áreas buscan precisamente ofrecer alternativas y reducir la vulnerabilidad de la población juvenil, lo que a veces los convierte en blanco de ataques por parte de quienes se benefician del caos y la desesperanza.
La investigación sobre las circunstancias y los responsables del homicidio de Moreno Paz está en curso. La dimensión política que Petro ha añadido al caso, elevándolo a la esfera internacional, no solo intensifica el debate sobre la seguridad de los líderes sociales en Colombia, sino que también pone en el centro de la discusión la responsabilidad de los discursos públicos en la polarizada realidad política del país.
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