Bogotá, Colombia – La senadora María Fernanda Cabal Marulanda ha elevado una solicitud formal a la Corte Constitucional para que seleccione y revise el fallo que la conminó a retractarse de sus declaraciones en torno al exterminio de la Unión Patriótica (UP). Esta acción judicial se deriva de una tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo, que consideró las afirmaciones de Cabal como un discurso estigmatizante hacia las víctimas de la UP.
La controversia se originó tras una entrevista concedida por la congresista en octubre de 2025, donde manifestó no considerar que la Unión Patriótica hubiera sido exterminada por agentes estatales. Estas declaraciones fueron calificadas por la Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín, como reproductoras de un “discurso estigmatizante”, elemento que, según el organismo, contribuyó históricamente al genocidio de la colectividad política.
El Origen de la Disputa Judicial
El núcleo del litigio se centra en las afirmaciones de Cabal durante la entrevista, particularmente cuando se opuso a la noción de responsabilidad estatal en el exterminio de la UP. La vehemencia de sus declaraciones, incluso la referencia al entrevistador con la frase «cemento en el cerebro», generó una amplia repercusión pública y motivó la intervención de la Defensoría del Pueblo.
La ruta judicial del caso incluyó la negación de una impugnación por parte de Cabal, lo que llevó al Juzgado 45 Civil Municipal y al 58 Civil del Circuito de Bogotá a ordenar una disculpa pública. La senadora acató la orden mediante un video, pero, en sus propias palabras, no claudicó en la defensa de su postura. En dicha grabación, expresó que continuaría “defendiendo mis convicciones por las vías constitucionales”, al tiempo que ofreció las disculpas “que esta orden me impone” a las víctimas y miembros de la Unión Patriótica representados por la Corporación Reiniciar.
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →Cabal ha fundamentado su defensa en el principio de libertad de expresión. En una columna de opinión publicada en otro medio, citó a George Orwell para argumentar que el derecho a expresar opiniones impopulares es una tensión inherente a la democracia. Asimismo, ha invocado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señalando que dicho organismo reconoce la libertad de expresión como un pilar fundamental de la democracia y que “pretender que una decisión judicial impida cualquier debate posterior sobre la historia contradice ese mismo principio”.
Contexto Histórico y Jurisprudencial: El Genocidio de la UP
La solicitud de María Fernanda Cabal a la Corte Constitucional se produce en un escenario de profunda relevancia histórica y jurídica para Colombia. El exterminio de la Unión Patriótica, ocurrido principalmente entre 1984 y principios de la década de 2000, representa uno de los capítulos más sombríos de la violencia política en el país. Esta persecución sistemática contra un partido político de izquierda, que surgió de acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC, resultó en el asesinato o desaparición de miles de sus miembros, incluyendo congresistas, alcaldes, concejales y candidatos presidenciales.
La responsabilidad del Estado colombiano en este genocidio no es una materia de debate reciente o meramente opinable. En julio de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió un fallo histórico declarando al Estado colombiano responsable del exterminio de la Unión Patriótica durante más de dos décadas. Esta sentencia no solo ordenó medidas reparatorias a favor de las víctimas, sino también la implementación de acciones para la preservación de la memoria histórica de lo acontecido. La Corte IDH enfatizó que el Estado incurrió en graves violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, a través de la acción de agentes estatales y la tolerancia o aquiescencia con grupos paramilitares.
Precisamente, el fallo de segunda instancia que ordenó la retractación de Cabal concluyó que sus manifestaciones “no resultan acordes con la realidad probada en el proceso judicial”, haciendo referencia a este vasto acervo probatorio y jurisprudencial que ha documentado la participación estatal en la aniquilación de la UP.
Implicaciones de la Revisión por la Corte Constitucional
La Corte Constitucional, en su sede de revisión, es la única instancia que podría dejar sin efecto las sentencias de tutela previas y, más importante aún, fijar una línea jurisprudencial sobre la tensión entre la libertad de expresión de un funcionario público y el derecho de las víctimas a la no estigmatización y a la verdad histórica. La decisión de la Corte podría tener un impacto significativo en la interpretación de los límites de la libertad de expresión en el contexto de hechos que ya han sido judicialmente declarados como crímenes contra la humanidad o graves violaciones de derechos humanos, especialmente cuando involucran la memoria de las víctimas de un conflicto armado. La expectativa se centra en cómo la alta corte ponderará estos derechos y principios fundamentales en un caso de tan alta sensibilidad política y social en Colombia.
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