Bogotá, Colombia – El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha confirmado la identificación de dos menores de edad entre las 24 personas fallecidas a raíz de un bombardeo militar ejecutado el 31 de agosto en la vereda Lagos del Dorado, municipio de Miraflores, Guaviare. Este hecho eleva a seis la cifra de niños, niñas y adolescentes que han perdido la vida en operativos de la Fuerza Pública bajo la administración del presidente Abelardo de la Espriella.
La operación, cuyo objetivo principal era neutralizar a alias ‘El Tigre’ o ‘Pintado’ –señalado de liderar actividades terroristas y reclutamiento de menores en los departamentos de Guaviare, Amazonas, Putumayo y Caquetá–, ha vuelto a poner el foco en los protocolos y las consecuencias de las intervenciones militares en zonas de conflicto.
Detalles del balance forense y las víctimas
Medicina Legal precisó que de los 24 cuerpos recibidos, doce corresponden a hombres y ocho a mujeres. Los cuatro restantes aún permanecen sin identificación debido a su estado. La confirmación de dos menores en este grupo añade una capa de complejidad y preocupación sobre la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el contexto de la confrontación armada interna de Colombia.
Este suceso no es un incidente aislado. Previamente, un bombardeo en El Catatumbo, el 10 de agosto, resultó en la muerte de un menor de 16 años. Posteriormente, en otro operativo también en Guaviare, dirigido contra las disidencias bajo el mando de ‘Urias Perdomo’ (segundo al mando de ‘Calarcá’), fallecieron tres adolescentes: dos de 15 años y uno de 16 años.
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →Contexto judicial y político en torno a los bombardeos
La recurrencia de la muerte de menores en este tipo de operaciones ha generado un intenso debate en el país, impactando tanto en la esfera judicial como en la política. El Juzgado 34 de Familia de Bogotá ya había emitido una orden contundente, instruyendo a la Fuerza Pública a:
- Abstenerse de realizar bombardeos en lugares donde se tenga información de presencia de menores de edad.
- Adoptar y verificar medidas de precaución y protección necesarias.
- Determinar, conforme a la información disponible y los protocolos operacionales, si existe una alternativa operacional menos lesiva para alcanzar el objetivo militar legítimo.
Esta decisión judicial subraya la necesidad de un escrutinio riguroso y la priorización de la vida de los civiles, especialmente de los niños, en el diseño y ejecución de operativos militares. El incumplimiento o la aparente inobservancia de estas directrices plantean interrogantes sobre la efectividad de las salvaguardas existentes y la rendición de cuentas.
A nivel legislativo, el Congreso de la República ya tramita una moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, precisamente por la polémica generada en torno a estos bombardeos y la muerte de menores. La moción refleja la preocupación de diversos sectores políticos sobre la estrategia de seguridad del gobierno y la protección de la población civil en zonas de conflicto.
La persistencia del conflicto armado en el Guaviare
El departamento del Guaviare, ubicado en la región amazónica y la Orinoquía colombiana, ha sido históricamente un epicentro de actividades relacionadas con el conflicto armado. Su ubicación estratégica, caracterizada por vastas extensiones de selva y difícil acceso, lo convierte en un corredor clave para grupos armados ilegales dedicados al narcotráfico, la minería ilegal y el control territorial.
Desde la desmovilización de las FARC-EP, esta región ha visto un resurgimiento de grupos disidentes que buscan consolidar su dominio sobre economías ilícitas, generando una espiral de violencia que afecta desproporcionadamente a la población civil. El reclutamiento forzado de menores, una práctica repudiada internacionalmente, es una de las lamentables consecuencias de esta realidad, utilizando a niños y adolescentes como combatientes o colaboradores.
La presencia constante de estos grupos armados y las operaciones militares para contrarrestarlos perpetúan un ciclo de inestabilidad y victimización, donde los más vulnerables, como los menores de edad, terminan pagando el precio más alto. La confirmación de estas nuevas víctimas en Guaviare reaviva la urgencia de reevaluar las estrategias de seguridad y protección en un territorio que clama por paz y garantías para sus habitantes.
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