Gobierno de Abelardo de la Espriella finaliza diálogos con Comuneros del Sur y bandas

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha marcado un punto de inflexión significativo en su estrategia de seguridad y paz al oficializar el cierre de las mesas de diálogo que sostenía con la facción disidente del Ejército de Liberación Nacional (ELN) conocida como ‘Comuneros del Sur’ y con las estructuras criminales organizadas que operan en el área metropolitana del Valle de Aburrá, Medellín.

Esta decisión, formalizada a través de las resoluciones 365 y 369 de 2026, revoca los marcos jurídicos establecidos por administraciones anteriores que sustentaban estos acercamientos. Las conversaciones con los ‘Comuneros del Sur’, centradas principalmente en Nariño, habían estado activas desde septiembre de 2024. Por su parte, el espacio sociojurídico con las bandas de Medellín operaba desde mayo de 2023.

Cambio de rumbo y revocación de credenciales

La culminación de estos procesos no solo implica el cese de los diálogos, sino también la revocación inmediata de las credenciales y designaciones del equipo negociador que representaba al Estado en las conversaciones con los ‘Comuneros del Sur’. Entre los nombres destacados de este equipo figuraban el líder negociador Carlos Erazo, el exministro Juan David Correa y la excongresista Ángela María Robledo.

El proceso con la facción ‘Comuneros del Sur’ había presentado algunos avances incipientes, incluyendo la entrega y destrucción de pertrechos militares, y se había llegado a proyectar una Zona de Ubicación Temporal en la jurisdicción de Mallama. Sin embargo, la persistente falta de consenso sobre la dejación definitiva de las armas se constituyó en un obstáculo insalvable para la consecución de un acuerdo final.

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Orden de captura para alias ‘HH’ y tensiones institucionales

El presidente De la Espriella ha sido enfático en que esta nueva postura incluye directrices claras a la Fuerza Pública. En el caso de Gabriel Yepes, alias ‘HH’, cabecilla de los ‘Comuneros del Sur’, se ha ratificado la instrucción de hacer efectiva su orden de captura con fines de extradición a los Estados Unidos una vez que sea localizado. Este grupo, de hecho, había generado tensiones institucionales previas al adelantar acercamientos independientes que complicaban la negociación general con la dirigencia nacional del ELN.

La decisión de poner fin a estos diálogos se alinea con una postura más firme del Estado frente a grupos armados y organizaciones criminales. Estos dos cierres se suman a desmantelamientos previos de conversaciones que el gobierno mantenía con otras estructuras, incluyendo el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), consolidando una estrategia de seguridad que privilegia la ofensiva militar y judicial sobre la vía negociada.

Contexto en el Suroccidente colombiano y Medellín

La disolución de los diálogos con los ‘Comuneros del Sur’ tiene una resonancia particular en el departamento de Nariño y, por extensión, en el suroccidente colombiano. Esta región ha sido históricamente un epicentro de conflictos armados, marcada por la presencia de grupos guerrilleros, disidencias y organizaciones de narcotráfico, en gran parte debido a su estratégica posición geográfica que facilita el cultivo y tráfico de cocaína, así como el acceso a la costa Pacífica para su exportación. La fragilidad institucional y la desigualdad socioeconómica crónicas han sido factores determinantes que han permitido la perpetuación de estos actores armados. La interrupción de estas conversaciones sugiere un endurecimiento en la política de seguridad para una región que ha visto múltiples intentos de pacificación y que aún enfrenta complejos desafíos humanitarios y de orden público.

De manera similar, la cancelación de la mesa con las bandas de Medellín representa un cambio de paradigma en la gestión de la seguridad urbana. La capital antioqueña, si bien ha experimentado transformaciones urbanísticas y sociales notables en las últimas décadas, sigue lidiando con la compleja dinámica del crimen organizado. La «pax mafiosa» o la gobernanza criminal ejercida por estas bandas en ciertos barrios, a menudo mediada por acuerdos tácitos o formales con el Estado o políticos locales, ha sido un tema recurrente. La decisión del gobierno de De la Espriella indica una ruptura con estos acercamientos, optando por una confrontación más directa con las estructuras criminales que controlan economías ilícitas y afectan la seguridad ciudadana en el Valle de Aburrá. Este giro podría traducirse en un incremento de operaciones de seguridad en la zona, pero también en un potencial recrudecimiento de la violencia.

Implicaciones de la nueva postura

La nueva dirección del gobierno de Abelardo de la Espriella frente a estos grupos armados y criminales sugiere un replanteamiento profundo de la política de «Paz Total» propuesta por la anterior administración. Los elementos clave de esta nueva estrategia incluyen:

Endurecimiento de la acción estatal: Mayor énfasis en la ofensiva militar y la persecución judicial.
Claridad en los límites de negociación: Eliminación de espacios de diálogo con grupos que no muestran una voluntad inequívoca de desarme.
Impacto en la seguridad regional: Potencial incremento de confrontaciones en zonas afectadas por estos grupos.
Reafirmación de la soberanía: Énfasis en la aplicación de la ley y la cooperación judicial internacional, como en el caso de la extradición de alias ‘HH’.

La implementación de estas medidas será crucial para observar su impacto real en la seguridad y estabilidad de las regiones afectadas por la violencia en Colombia.