Bogotá, Colombia – El expresidente Álvaro Uribe Vélez se presentó este viernes, 4 de septiembre de 2026, ante la Fiscalía General de la Nación para rendir indagatoria. La diligencia judicial se relaciona con su presunta responsabilidad en las masacres de La Granja (1996) y El Aro (1997), ocurridas en Antioquia, así como por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle en 1998. Previo a su comparecencia, el exmandatario hizo declaraciones públicas en las que rechazó las acusaciones, afirmando: «Acudo a decir que no he sido asesino».
La postura de Uribe ante la justicia
Uribe Vélez expresó su «tristeza» por el proceso judicial, el cual ha cuestionado desde que la Fiscalía lo citó a indagatoria el pasado 19 de junio. Sus declaraciones estuvieron marcadas por un tono de defensa en el que atribuyó las acusaciones a un «comité de sus adversarios», sugiriendo motivaciones políticas detrás de los señalamientos en su contra.
El líder del partido Centro Democrático enumeró una serie de señalamientos que, según él, lo han perseguido a lo largo de su carrera pública. Estos van desde imputaciones ideológicas, como ser «neoliberal» o «defender el manejo privado del ahorro de los trabajadores», hasta las más graves acusaciones de vínculos con la criminalidad. En este último punto, Uribe refutó categóricamente:
- Acusaciones de relaciones con Pablo Escobar, afirmando que el capo «varias veces mandó a asesinarme».
- El calificativo de «narco-paramilitar», argumentando que su gobierno obtuvo «resultados en disminución del narcotráfico y en desmonte del paramilitarismo».
Contexto histórico de las masacres en Antioquia
Las masacres de La Granja (departamento de Antioquia, 1996) y El Aro (Antioquia, 1997) son episodios que marcaron un periodo de extrema violencia paramilitar en Colombia, particularmente en zonas estratégicas para el control territorial y las economías ilícitas. Estos eventos no son incidentes aislados; se inscriben en una década, la de 1990, caracterizada por la expansión y consolidación de los grupos paramilitares, que actuaban con una alarmante permisividad y, en ocasiones, con la connivencia de agentes estatales. El asesinato de Jesús María Valle, un valiente defensor de derechos humanos que denunció la complicidad entre fuerzas de seguridad y paramilitares en la región de Antioquia, simboliza la persecución sistemática contra quienes alzaban su voz. La región, cuna de importantes rutas de narcotráfico y con una fuerte presencia histórica de guerrillas, se convirtió en un epicentro de esta confrontación, dejando cicatrices profundas en la memoria colectiva y en la institucionalidad colombiana.
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Durante su pronunciamiento, Uribe Vélez aprovechó la ocasión para reivindicar su política de Seguridad Democrática, implementada durante sus dos periodos presidenciales (2002-2010). Asimismo, abordó el tema de los «falsos positivos», admitiendo que el término «lo acuñó alguien de mi Gobierno que mejor debió evitarlos o sancionarlos a tiempo», sin ahondar en detalles sobre la responsabilidad o gestión de su administración frente a estos crímenes.
El expresidente también se refirió al proceso judicial por manipulación de testigos y fraude procesal, caso en el que fue inicialmente investigado y luego absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá. Negó nuevamente su responsabilidad en este expediente.
Finalmente, Uribe aludió a lo que denominó «Petro Uribismo», una expresión que, según él, busca «sembrar desconfianza» entre sus seguidores. Reiteró su oposición al gobierno de Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, aclarando que no tiene «pretensiones de pactos o favorecimientos» y que su indagatoria actual está, en parte, basada en «señalamientos y movidas del ex Presidente Petro».
Reflexión personal y cierre de Uribe
En un momento de su alocución, Uribe Vélez recordó con «dolor» la condena de su hermano, Santiago Uribe, por crímenes relacionados con el paramilitarismo en Antioquia. Lo describió como «un finquero básico, de valores morales, condenado por quienes no supieron de él más allá de las opiniones de sus acusadores», reiterando así su convicción sobre la inocencia de su familiar.
El expresidente concluyó su intervención con una declaración de arraigo a la Constitución y su compromiso con el país, a pesar del «dolor» personal que, según él, le causan estos procesos:
«Creí que le había servido a la Nación, pero hoy acudo a decir que no he sido asesino. El dolor que me afecta no deteriora mi amor y mi lucha por Colombia, que permanece por encima de honores y dolores.»
La diligencia judicial avanza, y el país sigue atento a los desarrollos de este proceso que toca fibras sensibles de su historia reciente.
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