Tribunal suspende convenio de pasaportes entre Cancillería e Imprenta Nacional

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha dictado una medida cautelar que suspende temporalmente el convenio entre la Cancillería y la Imprenta Nacional de Colombia para la expedición de pasaportes. La decisión surge a raíz de una acción popular y busca garantizar la transparencia y la continuidad del servicio, exigiendo un informe detallado sobre el estado real de la producción y la seguridad de los documentos.

La providencia judicial establece un plazo de veinte días hábiles para que el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional presenten toda la documentación y explicaciones pertinentes sobre la ejecución de los convenios cuestionados.

La Acción Popular y la Imprevisión en la Gestión

La suspensión emana de una acción popular presentada por Nicolás Dupont Bernal, quien ha señalado serias dudas sobre los términos en que se estructuró el acuerdo para implementar un nuevo modelo de expedición de pasaportes propuesto por el actual Gobierno. El Tribunal encontró fundamentos en estas inquietudes, destacando una gestión que califica de improvisada y carente de soportes verificables.

Los convenios afectados por esta medida son el Interadministrativo Específico 001 de 2025 y el CI-005 de 2026, así como todos aquellos que se deriven de ellos. La corte subrayó una «sucesión de cronogramas incumplidos, informes institucionales contradictorios, ausencia de soportes verificables sobre infraestructura, personal y avance de la operación», además de la «falta de acreditación de los requisitos presupuestales» según el Decreto 4730 de 2005.

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Riesgo para la Continuidad del Servicio

La instancia judicial enfatizó que la «incertidumbre no constituye una hipótesis abstracta, sino una situación materializada en el expediente, que compromete la continuidad del suministro de libretas de pasaportes y expone a los usuarios a una eventual paralización del servicio». Esta preocupación por la posible afectación a los derechos colectivos de los ciudadanos fue un factor determinante para la imposición de la medida cautelar.

El Tribunal consideró que «resulta más gravoso para los derechos colectivos invocados mantener la prestación del servicio bajo las condiciones actuales de incertidumbre, que suspender temporal y condicionadamente los convenios cuestionados». La finalidad es clara: obligar a las entidades a adoptar las medidas necesarias para asegurar la prestación ininterrumpida del servicio, evitar su paralización y verificar las condiciones de seguridad e integridad de la información sensible asociada a la expedición de pasaportes y sus bases de datos.

Exigencias del Tribunal para la Cancillería e Imprenta Nacional

Para levantar la suspensión, el Tribunal ha impuesto una serie de requisitos que deben cumplir la Cancillería, el Fondo Rotatorio, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal en el plazo de veinte días hábiles:

Presentar un informe detallado sobre las actividades efectivamente ejecutadas dentro del Convenio Interadministrativo Específico No. 001 de 2025 y sus contratos derivados.
Especificar las fases implementadas y los compromisos contractuales materializados hasta la fecha.
Entregar un cronograma actualizado de ejecución del convenio.
Proveer soportes documentales que permitan verificar el estado real de implementación del modelo adoptado.
Suministrar un informe exhaustivo sobre la cadena de producción de las libretas de pasaporte, precisando la ubicación e identificación de todos los centros de producción.
Identificar todas las entidades, contratistas, subcontratistas o terceros que participen en cualquier etapa del proceso (producción, transporte, almacenamiento, custodia, personalización, distribución y entrega).
Detallar las actividades ejecutadas directamente por la Casa de la Moneda de Portugal y las desarrolladas por terceros.
Explicar los procedimientos de supervisión y control implementados frente a todos los intervinientes.
Documentar los mecanismos de trazabilidad aplicables a la totalidad de la cadena de producción.
Presentar los protocolos de seguridad, custodia y control para materiales sensibles, elementos de seguridad y documentación asociada al proceso productivo.

La suspensión se mantendrá hasta que las entidades acrediten, de manera fehaciente, el estado real de ejecución del nuevo modelo, la disponibilidad efectiva de las libretas de pasaportes y su ubicación, las condiciones de seguridad de los lugares de almacenamiento y personalización, y el alcance de la intervención de terceros en el desarrollo del objeto contratado.

Contexto Político y Administrativo en Colombia

Esta suspensión judicial sobre un servicio esencial como la expedición de pasaportes se inserta en un periodo de alta tensión administrativa y política en Colombia. Desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro, diversos contratos y convenios interadministrativos han sido objeto de escrutinio, generando debates sobre la continuidad de políticas públicas y la implementación de nuevas directrices. La Cancillería, bajo la dirección actual, ha enfrentado desafíos significativos, incluyendo controversias relacionadas con la asignación de contratos y la gestión interna, lo que ha generado un ambiente de constante revisión por parte de organismos de control y la justicia administrativa. Este caso de los pasaportes no es un hecho aislado, sino que refleja una tendencia de la justicia a intervenir cuando se perciben falencias en la planeación o ejecución de contratos que impactan directamente a la ciudadanía, buscando salvaguardar los principios de legalidad y eficiencia en la administración pública.

A pesar de la suspensión del convenio, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue enfático en ordenar a las entidades adoptar de inmediato todas las medidas necesarias para que la expedición de pasaportes a los colombianos continúe con normalidad. Esta disposición busca evitar un perjuicio a los ciudadanos, garantizando que el servicio no se vea interrumpido mientras se resuelven las deficiencias identificadas.