La preocupación por la seguridad en Cali ha escalado tras el terremoto del pasado 10 de agosto, que dejó numerosas edificaciones averiadas y áreas parcialmente desocupadas. En respuesta a esta situación, la concejala Alexandra Hernández presentó una propuesta ante el Concejo de Cali, solicitando que se mantenga la presencia de la Fuerza Pública en los sectores más vulnerables de la ciudad.
La iniciativa de la cabildante, dirigida al secretario de Seguridad de Cali, Javier Garcés, busca reforzar la vigilancia en zonas donde el sismo provocó daños estructurales significativos, dejando cuadras enteras con viviendas deshabitadas o con sus moradores reubicados temporalmente. Esta medida, planteada el 1 de septiembre, tiene como objetivo principal disuadir actos delictivos como el hurto, que podrían aprovecharse de la vulnerabilidad generada por la emergencia.
Propuesta de seguridad ante la vulnerabilidad post-sismo
Alexandra Hernández fundamenta su propuesta en reportes directos de ciudadanos que han manifestado su inquietud por la falta de seguridad en sus barrios. Según la concejala, algunos habitantes se han visto obligados a organizarse en turnos para vigilar sus propiedades, ante el temor de que delincuentes ingresen a las viviendas afectadas y desocupadas. «Vemos tristemente cómo están haciendo turnos, muchos no se han ido de estar en el primer piso o en una carpa», señaló Hernández, evidenciando la angustia de los damnificados.
La situación, explicó la concejala, es propicia para la acción de «los amigos de lo ajeno», que buscan explotar el caos y la desocupación. «Los amigos de lo ajeno siguen yendo a estos sectores porque nosotros tenemos sectores de Cali que hay cuadras enteras desocupadas», afirmó, subrayando la necesidad de una respuesta contundente por parte de las autoridades.
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Hernández ha identificado varios puntos de la capital vallecaucana donde la presencia de la Fuerza Pública se considera prioritaria. Entre los sectores mencionados se encuentran:
- Cuarto de Legua
- El área comprendida entre la Carrera 50 y El Limonar
- Santa Elena
- La comuna 5, específicamente el barrio Chiminangos
La concejala argumenta que la militarización y el apoyo policial en estas áreas servirían como un mecanismo de prevención y disuasión, protegiendo a los inmuebles y a las pocas personas que aún residen o transitan por allí. Considera que esta medida es crucial para evitar una «revictimización» de quienes ya han sufrido las consecuencias del terremoto.
Eficacia de la medida y perspectivas futuras
La concejala Hernández sostiene que la presencia militar ya implementada por el alcalde en algunos puntos ha demostrado ser efectiva. «El Alcalde lo hizo y funcionó bien. Y lo que funciona bien hay que continuarlo», afirmó, abogando por la continuidad de estas estrategias. Para ella, la visibilidad de los uniformados envía un mensaje claro a quienes intenten cometer actos vandálicos o robos. «Démosle un respaldo a las personas que hoy lo perdieron todo militarizando estas zonas y por lo menos que los bandidos sepan que están haciendo patrullajes», enfatizó.
Sobre el panorama general de seguridad en Cali después del terremoto, Hernández manifestó que la menor afluencia de personas en las calles ha distorsionado las métricas de criminalidad. Si bien algunos delitos podrían haber disminuido debido a la «ciudad vacía», otros, como los homicidios, persisten. La concejala puntualizó que la aparente calma no debe interpretarse como una reducción genuina de la delincuencia, sino como un cambio en las oportunidades para los criminales, quienes ahora apuntan a las zonas desocupadas.
Contexto de seguridad en Cali y el Valle del Cauca
El Valle del Cauca, y Cali como su capital, ha enfrentado históricamente desafíos significativos en materia de seguridad, agravados por factores como la presencia de grupos armados residuales, la microextorsión y el narcotráfico. La geografía del departamento, con su acceso al Pacífico y corredores estratégicos, lo convierte en un punto neurálgico para actividades ilegales. La ciudad ha luchado por décadas contra altos índices de homicidios y hurto en sus diversas modalidades. Ante un evento catastrófico como un terremoto, la infraestructura de seguridad existente se ve exigida al máximo. La propuesta de militarización, en este contexto, no solo responde a la emergencia inmediata, sino que también se inscribe en un debate más amplio sobre la efectividad y pertinencia de la presencia militar en labores de seguridad ciudadana, un recurso que Colombia ha utilizado recurrentemente en momentos de crisis o desorden público, aunque siempre bajo el escrutinio sobre su impacto en los derechos civiles y la efectividad a largo plazo.
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