Ministro de Defensa respalda bombardeo que dejó tres menores muertos en Guaviare

El ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora, ha generado un nuevo capítulo en la discusión sobre las operaciones militares y el respeto por los derechos de la niñez, al defender un bombardeo ejecutado el pasado 27 de agosto en el departamento del Guaviare. Dicha acción militar resultó en la muerte de diez presuntos miembros de las disidencias de las FARC, de los cuales tres han sido identificados como menores de edad por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Detalles del operativo en El Retorno

La operación, calificada por Mora como un «ataque aéreo estratégico», se llevó a cabo en tres zonas campamentarias cercanas al río Inírida, en el municipio de El Retorno. Según el Ministerio de Defensa, el objetivo principal era neutralizar a Juan Agudelo Salazar, alias ‘Urías Perdomo’, líder del bloque Jorge Suárez Briceño, una facción disidente de la extinta guerrilla de las FARC. Sin embargo, las primeras informaciones sugieren que ‘Urías Perdomo’ no falleció en el bombardeo.

Medicina Legal confirmó que de los diez cuerpos recuperados, nueve han sido identificados hasta la fecha. De estos, cuatro corresponden a mujeres y cinco a hombres. De manera alarmante, tres de los identificados eran menores de edad, cuya identidad aún no ha sido revelada públicamente. Un décimo cuerpo permanece en proceso forense debido a su estado.

Justificación oficial y respaldo presidencial

El Ministerio de Defensa ha insistido en que la operación militar «observó todos los estándares legales para los ataques aéreos estratégicos durante el planeamiento y la ejecución». Además, aseguró que se realizaron los «actos urgentes» exigidos por la ley en el lugar de los hechos. Esta postura busca legitimar la acción frente a las críticas que han surgido tras la confirmación de la muerte de los menores.

🛒 Ofertas destacadas · Enlace de afiliado

El presidente Abelardo de la Espriella, por su parte, brindó un respaldo público al ministro Mora y a las Fuerzas Militares. En su declaración, el mandatario subrayó que «los bandidos que durante décadas han reclutado menores para convertirlos en combatientes o en escudos humanos deben pagar por esos crímenes que violan el derecho humanitario». Este argumento ha sido frecuentemente utilizado por gobiernos anteriores para justificar la acción militar contra grupos armados que utilizan a menores en sus filas.

Un patrón preocupante: reclutamiento de menores y cifras de mortalidad

La muerte de estos tres menores no es un hecho aislado. Se suma a la de otro joven, también menor de 18 años, identificado por Medicina Legal tras una operación militar previa en el sur del país. Este patrón pone de manifiesto la grave situación del reclutamiento de menores, una de las expresiones más crudas de la violencia armada en Colombia.

Las estadísticas recientes de Medicina Legal revelan un aumento significativo en la mortalidad de menores en operaciones militares:

Durante la administración del expresidente Iván Duque (2018-2022), se registraron 367 fallecidos en bombardeos militares, de los cuales 42 eran menores de edad.
En la actual administración del expresidente Gustavo Petro (2022-2026), con corte al 31 de mayo, se han contabilizado 458 muertos en este tipo de operaciones, con un alarmante incremento a 62 menores entre las víctimas.

Estas cifras contrastan y generan un debate sobre la efectividad y la ética de estas estrategias en un contexto de conflicto armado interno.

Contexto del Guaviare y el reclutamiento infantil

El departamento del Guaviare, donde ocurrió este reciente bombardeo, es una región estratégica para los grupos armados ilegales debido a su vasta extensión selvática, su ubicación geográfica en la Amazonía colombiana y su rol como corredor para economías ilícitas, principalmente el narcotráfico y la minería ilegal. Esta zona ha sido históricamente un bastión de las FARC y, tras los Acuerdos de Paz de 2016, se convirtió en un escenario de disputa entre diversas disidencias de esta guerrilla, el ELN y otros grupos armados organizados que buscan controlar las rutas del narcotráfico y los cultivos ilícitos.

El reclutamiento forzado de menores en regiones como el Guaviare es un fenómeno arraigado, alimentado por la falta de oportunidades, la pobreza extrema y la ausencia de una fuerte presencia estatal en términos de educación y desarrollo social. Los menores son cooptados bajo engaños, amenazas o promesas de un futuro mejor, siendo utilizados como combatientes, informantes, cocineros o escudos humanos, lo que los convierte en víctimas directas de la guerra, independientemente de su participación en las filas de los grupos armados.

Llamados de atención de organismos internacionales

La organización Human Rights Watch (HRW) ha expresado su preocupación por el aumento del reclutamiento de menores por parte de grupos armados en Colombia. La semana pasada, instó al presidente De la Espriella a implementar medidas urgentes para frenar este flagelo, que según sus cálculos, ha afectado a cerca de 1.500 niños, niñas y adolescentes desde 2021. Este problema subraya la extrema vulnerabilidad de la población infantil en las zonas donde operan estas estructuras armadas, y la necesidad de una estrategia integral que priorice la protección de sus derechos fundamentales.